La Defensoría de los Habitantes lanzó una advertencia al Estado costarricense tras señalar que el país tardó cerca de un año en corregir las fallas en la atención integral brindada a personas migrantes deportadas, situación que no debe repetirse ante un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos.
El pronunciamiento surge luego del comunicado presidencial CP-009-2026, en el que se informó sobre la recepción de nuevos grupos de personas deportadas. Ante esto, la Defensoría solicitó a las autoridades demostrar, con acciones concretas, que el país está preparado para garantizar los derechos humanos y la atención adecuada de esta población.
“El Estado no puede limitarse a decir que respetará los derechos humanos; debe demostrarlo con hechos y evidencia”, advirtió el defensor adjunto, Juan Carlos Pereira.
Llamado urgente a evitar improvisación
La entidad enfatizó que las personas deportadas enfrentan un “drama humano” y requieren una respuesta institucional articulada, especialmente al tratarse de poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
“No hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”, recalcó Pereira.
En ese sentido, la Defensoría pidió informes al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre el modelo de atención que se aplicará.
Entre los puntos solicitados destacan:
• Medidas para la atención integral y la permanencia migratoria.
• Procedimientos para personas que aleguen temor de persecución en sus países de origen.
• Posible traslado al CATEM Sur.
• Tipo de asistencia humanitaria y garantía de necesidades básicas.
• Coordinación interinstitucional con entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia y la Cruz Roja Costarricense.
Un proceso que tardó casi un año
La Defensoría recordó que dio seguimiento a la situación de unas 200 personas deportadas en 2025, pero fue hasta enero de 2026 cuando el Estado emitió una resolución que permitió regularizar parcialmente su situación migratoria por razones humanitarias.
Dicha resolución autorizó a estas personas a movilizarse dentro del país, realizar trabajos por cuenta propia y acceder a servicios bancarios, entre otros derechos básicos.
Datos del proceso migratorio
Un informe policial de Paso Canoas, fechado el 11 de febrero de 2026, detalla que de las 200 personas deportadas:
• 110 salieron mediante retorno voluntario asistido (59 adultos y 51 menores).
• 34 solicitaron refugio tras salir del CATEM Sur (27 adultos y 7 menores).
• 56 abandonaron voluntariamente el centro (34 adultos y 22 menores).
Actualmente, la Defensoría mantiene monitoreo sobre un grupo de estas personas que aún permanecen en el país.
Advertencia ante nuevo acuerdo
La institución fue enfática en que repetir las condiciones del año anterior implicaría prolongar el sufrimiento de esta población vulnerable.
“Casi un año tardó el Estado en corregir los procedimientos. Abrir un nuevo capítulo en las mismas condiciones sería extender el drama humano”, concluyó el órgano defensor.
Finalmente, la Defensoría reiteró que se mantendrá vigilante del cumplimiento de los derechos humanos en la implementación del nuevo acuerdo migratorio, exigiendo transparencia, planificación y una respuesta institucional efectiva.
