El Ministerio de Salud encendió las alertas tras confirmar el resguardo de 1.500 kilos adicionales de cianuro, sustancia altamente tóxica que continúa siendo utilizada de manera ilegal en actividades de minería en la zona de Crucitas de Cutris.
Este nuevo decomiso evidencia que la problemática persiste en la región, donde el uso clandestino de químicos peligrosos representa una amenaza directa tanto para la salud pública como para el ambiente.
Las autoridades también advirtieron sobre un panorama crítico: los tanques destinados al almacenamiento de cianuro en el país se encuentran al límite de su capacidad. Esta situación refleja la creciente presión sobre las instituciones encargadas de manejar y resguardar este tipo de sustancias peligrosas.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de ley N.º 24.717, una iniciativa que pretende establecer un marco regulatorio para la actividad minera, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud de la población. Sin embargo, la falta de avances en su trámite mantiene latente el riesgo asociado al manejo inadecuado del cianuro.
En ese contexto, se ha señalado que las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio no han dado paso al proyecto, lo que ha frenado la posibilidad de contar con una herramienta legal para abordar integralmente esta problemática.
Desde el Ministerio de Salud, liderado por la vicepresidenta Mary Munive, se insiste en la urgencia de reforzar las acciones interinstitucionales y avanzar en soluciones concretas que permitan reducir los riesgos para las comunidades y el entorno natural.
Las autoridades recalcan que cada día sin decisiones incrementa la vulnerabilidad en zonas afectadas por la minería ilegal, donde el uso de químicos como el cianuro puede generar graves consecuencias a corto y largo plazo.
