La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que su gobierno tomará como referencia algunas estrategias implementadas por Nayib Bukele para enfrentar la creciente criminalidad en el país.
En una entrevista con la cadena internacional Deutsche Welle (DW en Español), Fernández confirmó su intención de replicar ciertos elementos del modelo salvadoreño. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada directamente, señalando además su preocupación por lo que considera un enfoque desigual en la defensa de los derechos humanos.
Según indicó, existe una tendencia de organizaciones internacionales a priorizar los derechos de las personas que cometen delitos, mientras —a su criterio— no se da la misma atención a las víctimas. En ese sentido, afirmó que valora los resultados obtenidos en El Salvador y que algunas de esas medidas ya empiezan a discutirse en Costa Rica.
No obstante, la futura mandataria aclaró que su administración no promoverá detenciones arbitrarias y que se respetará el marco constitucional y legal vigente. “No estamos hablando de arrestar personas sin antecedentes judiciales”, enfatizó, al tiempo que insistió en que se mantendrán las garantías fundamentales.
Fernández destacó particularmente el sistema penitenciario salvadoreño, señalando que uno de los principales problemas en Costa Rica es que personas condenadas por delitos como narcotráfico o crimen organizado continúan operando desde la cárcel. A su juicio, esto se debe a la falta de controles efectivos dentro de los centros penales.
En esa línea, explicó que su interés es adoptar mecanismos que permitan cortar la comunicación de los privados de libertad con estructuras criminales externas, evitando que sigan dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.
Finalmente, cuestionó el equilibrio del sistema actual en cuanto a la atención que reciben las víctimas frente a los imputados. Señaló casos en los que familiares de víctimas deben asumir altos costos legales para buscar justicia, mientras que los acusados cuentan con acompañamiento institucional. Para Fernández, este panorama evidencia la necesidad de replantear el enfoque en materia de derechos humanos y seguridad en el país.
