Diputados del Frente Amplio, junto con la legisladora independiente Kattia Cambronero, solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) abrir una investigación en torno al nombramiento de Víctor Carvajal como director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Desde el SBD defendieron la designación del exministro de Agricultura y Ganadería, asegurando que su nombramiento interino responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la institución mientras se completan los procesos formales establecidos por la normativa.
La controversia se origina en que Carvajal formó parte del Consejo Rector —órgano encargado de decidir sobre ese puesto— al mismo tiempo que participaba como aspirante en el proceso de selección.
Ante consultas de prensa, la entidad sostuvo que no se cometieron irregularidades, ya que Carvajal se apartó oportunamente del procedimiento para resguardar la transparencia. Asimismo, afirmaron que el Consejo Rector actuó conforme a la normativa vigente.
El SBD también subrayó que su labor continúa enfocada en facilitar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a sectores productivos estratégicos, con el objetivo de impulsar el empleo y el crecimiento económico en distintas regiones del país. Además, reiteró su compromiso con la transparencia en la gestión institucional.
No obstante, las dudas llegaron hasta la Asamblea Legislativa. En un comunicado, el Frente Amplio indicó que el proceso podría presentar inconsistencias jurídicas y eventuales roces con el principio de probidad en la función pública.
“Que el entonces ministro participara como candidato mientras integraba el Consejo Rector que debía conocer y decidir sobre ese mismo nombramiento podría constituir un conflicto de interés”, señalaron.
Los cuestionamientos también alcanzan a la viceministra del MAG, María Ching Sojo, por su participación en la votación. Según el diputado Antonio Ortega, la funcionaria habría respaldado el ascenso de su superior jerárquico a un puesto con mejor remuneración sin inhibirse, lo que calificó como una falta ética.
Ortega también criticó que la ministra de Economía, Patricia Rojas, apelara a un criterio de urgencia para concretar el nombramiento interino ante la ausencia de quórum, lo que —según dijo— implicaría una designación sin las condiciones formales requeridas.
Finalmente, los legisladores pidieron a la CGR analizar la legalidad del proceso, determinar si existieron ventajas indebidas, verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo y evaluar si las actuaciones del Consejo Rector se ajustaron a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y mérito.
