Pastor detenido atribuye ingresos millonarios a contratos con empresa piñera vinculada a dirigente deportivo
Juan Luis Barboza Pilarte, pastor evangélico que permanece en prisión preventiva como sospechoso de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de dinero del narcotráfico en el denominado caso Shark, justificó ingresos cercanos a los $80 millones mediante contratos con una empresa piñera ligada a un dirigente del fútbol sancarleño, según señala en un reportaje el medio CrHoy
La defensa presentó ante los jueces de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) un informe financiero con movimientos bancarios, con el objetivo de demostrar que las inversiones en bienes inmuebles realizadas en los últimos siete años provienen de actividades lícitas. Ese periodo incluye incluso más de dos años de pandemia, cuando múltiples sectores reportaron caídas económicas.
Según el abogado Mario Quesada, alrededor del 95% de esos recursos tendrían origen en contratos con Exportaciones Norteñas S.A., cuyo presidente es Rodrigo García Brenes, conocido como “Chino García”, actual integrante de la junta directiva de la Asociación Deportiva San Carlos.
De acuerdo con la documentación presentada, Barboza Pilarte brindaba a la empresa un servicio de subcontratación de mano de obra, facilitando peones para labores agrícolas en fincas piñeras.
“El Ministerio Público está verificando la existencia de una actividad formal que le permitía mantener un nivel de vida que se consideró no acorde con sus ingresos como pastor”, explicó Quesada.
Levantan congelamiento de bienes
Como parte de la investigación del caso Shark, la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ realizó allanamientos en setiembre de 2024 en varias propiedades vinculadas a la causa, en la que figuran al menos 12 personas investigadas por presunto lavado de dinero.
En ese momento, la Fiscalía solicitó la inmovilización de bienes y productos financieros relacionados con Exportaciones Norteñas, medida que fue acogida por el Juzgado Penal de San Carlos y ejecutada mediante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Sin embargo, recientemente las autoridades judiciales ordenaron levantar esas restricciones, liberando fondos y activos por más de $5 millones que permanecieron congelados durante más de 14 meses.
El abogado John Allen, representante de Rodrigo García, confirmó la decisión y aseguró que no se logró demostrar ningún vínculo entre la empresa y actividades de legitimación de capitales.
“Aportamos evidencia de que la compañía exporta cerca de 124 contenedores semanales y no registra alertas por contaminación de droga”, indicó.
Añadió que la Fiscalía determinó que no existía relación directa entre la empresa y la investigación penal, pese a los intentos iniciales de vincularla por supuestas relaciones contractuales con el pastor.
Medidas cautelares diferenciadas
La semana anterior, el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada amplió por seis meses la prisión preventiva para varios imputados del caso, mientras que al pastor se le prorrogó por tres meses adicionales.
El Ministerio Público no objetó esta decisión, y ahora la defensa deberá aclarar aspectos relacionados con la contratación de trabajadores, específicamente si estos contaban con seguro ante la CCSS, punto que mantiene a Barboza Pilarte bajo medida cautelar.
Quesada también señaló que el Banco de Costa Rica remitió información a la Fiscalía indicando que cumplió con los protocolos de prevención de lavado de dinero en las operaciones relacionadas con el caso.
En esta causa, incluso dos gerentes de la entidad bancaria fueron detenidos como sospechosos de colaborar con la organización investigada.
Según la investigación, el pastor tendría un rol relevante dentro del supuesto esquema, al utilizar su condición religiosa y actividades vinculadas a la iglesia para aparentar legalidad en los fondos.
El expediente señala que parte del dinero se habría registrado como ingresos de la congregación, mientras que también se investiga una posible conexión con redes internacionales como el Clan del Golfo.
Empresa queda fuera de investigación
Por su parte, Exportaciones Norteñas S.A. informó recientemente que fue oficialmente excluida del caso, luego de que las autoridades concluyeran que no tuvo participación en los hechos investigados.
El proceso, que se extendió por cerca de 18 meses desde setiembre de 2024, incluyó medidas como el congelamiento de recursos financieros.
Según un comunicado emitido desde San Rafael de Río Cuarto, la Fiscalía notificó al Juzgado que no encontró evidencia que vincule a la compañía con el presunto lavado de dinero ni con el tráfico de drogas.
Esta conclusión permitió que el 9 de marzo de 2026 se levantaran las medidas cautelares, dejando sin efecto cualquier señalamiento contra la empresa.
Señalamientos previos por condiciones laborales
Pese a su desvinculación del caso penal, la empresa ha sido mencionada en el pasado en denuncias relacionadas con condiciones laborales en la zona norte del país, particularmente en actividades piñeras cercanas a la frontera con Nicaragua.
Entre los señalamientos figura el uso de esquemas de subcontratación para reclutar mano de obra, incluyendo trabajadores migrantes nicaragüenses, algunos de ellos en condición irregular, lo que habría generado cuestionamientos sobre acceso a seguridad social, pago de derechos laborales y condiciones de contratación.
Uno de los testimonios que ha circulado públicamente corresponde a un trabajador nicaragüense identificado como José Agustín García López, quien aseguró haber laborado entre 2012 y 2019 en fincas vinculadas a la empresa en la zona de Santa Fe de Los Chiles.
En su denuncia, el trabajador afirma que los pagos se realizaban a través de intermediarios y que, aunque se les rebajaban montos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social, estos no siempre se reflejaban en cobertura efectiva. También señaló que muchos trabajadores operaban bajo figuras de contratistas, sin garantías laborales completas.
El documento además menciona el traslado diario de trabajadores desde sectores fronterizos, condiciones de hacinamiento en viviendas improvisadas y pagos por debajo de lo establecido por ley, así como presuntas dificultades para denunciar por temor a represalias.
Asimismo, se hace referencia a accidentes laborales ocurridos en años anteriores en actividades piñeras de la zona, en los que —según denuncias— algunos trabajadores no contaban con seguros o pólizas al momento de los hechos.
Estas acusaciones han sido parte de discusiones más amplias sobre el modelo de contratación en el sector agrícola, especialmente en regiones fronterizas, donde organizaciones sociales y sindicales han advertido sobre posibles vulneraciones a derechos laborales.
Hasta el momento, no todas estas denuncias han derivado en sanciones firmes, y las autoridades han reiterado la importancia de investigar cada caso de forma individual para determinar eventuales responsabilidades.
Un caso de alto perfil
El denominado caso Shark se mantiene como una de las investigaciones más relevantes en materia de crimen organizado en Costa Rica en los últimos años, al involucrar una supuesta red dedicada al lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.
Las autoridades han advertido que este tipo de estructuras suelen utilizar empresas formales para dar apariencia de legalidad a los capitales ilícitos, lo que en ocasiones provoca que compañías legítimas sean investigadas mientras se determina su grado de participación.
En este contexto, Exportaciones Norteñas aseguró que colaboró de forma activa con las autoridades durante todo el proceso y reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
