Caso Diamante revive: Tribunal anula fallo que descartó pruebas y ordena retomar proceso desde etapa previa
El Caso Diamante vuelve a tomar impulso luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dejara sin efecto la resolución que había invalidado pruebas clave en la investigación por presunta corrupción.
En diciembre anterior, un juzgado había declarado la nulidad de varios elementos probatorios por aparentes fallas en el proceso. Sin embargo, ese criterio fue impugnado por la Fiscalía, que alegó una interpretación incorrecta de la normativa vigente.
Este miércoles, el Tribunal acogió la apelación del Ministerio Público y anuló de forma integral la resolución previa, lo que implica que el expediente deberá regresar a una fase anterior para ser analizado nuevamente por un tribunal distinto.
La decisión quedó consignada en la resolución firmada por la jueza Ivannia Delgado, quien ordenó que el caso vuelva al Juzgado Penal con una nueva integración para que se emita un fallo conforme a derecho.
Cuestionamientos al fallo anterior
En su análisis, la jueza identificó inconsistencias tanto en la forma como en el fondo de la resolución apelada.
Entre los señalamientos destacan confusiones en la aplicación de leyes, valoraciones subjetivas impropias por parte de jueces de etapas previas, así como falta de claridad en la justificación para anular diligencias clave dentro del proceso.
Además, el Tribunal consideró que la interpretación sobre la vigencia de la Ley contra la Delincuencia Organizada no fue correcta, lo que incidió directamente en la decisión de invalidar pruebas.
Un caso de alto perfil
El Caso Diamante salió a la luz el 15 de noviembre de 2021, tras una serie de allanamientos simultáneos en distintas partes del país.
Las diligencias incluyeron ocho municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa, así como viviendas de alcaldes, oficinas públicas y otros inmuebles vinculados a la investigación.
Según la Fiscalía, el expediente —tramitado bajo el número 20-009616-0042-PE— indaga la posible existencia de una estructura criminal dedicada a manipular contratos de obra pública a nivel cantonal.
La hipótesis apunta a que funcionarios habrían favorecido a determinadas empresas mediante irregularidades en licitaciones, pagos anticipados y adjudicaciones dirigidas, a cambio de beneficios indebidos.
Entre las supuestas dádivas se mencionan dinero en efectivo, mejoras en propiedades privadas y entrega de vehículos.
Con esta nueva resolución, el proceso judicial se reabre y deberá ser revisado nuevamente, lo que podría marcar el rumbo definitivo de uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en el país.
