Foto creada con IA, personas reales
Vínculos comerciales, allanamientos y millonarios movimientos: claves del Caso Shark en torno a García Brenes y el pastor Barboza
El empresario piñero Rodrigo García Brenes habría mantenido diversos vínculos comerciales con el pastor Juan Luis Barboza Pilarte, investigado por legitimación de capitales dentro del Caso Shark.
De acuerdo con el expediente judicial y reportes periodísticos —incluyendo información divulgada por CR Hoy— entre ambos existió una relación estrecha reflejada en múltiples transacciones económicas.
Entre los negocios documentados se incluyen préstamos para compra de propiedades, traspaso de un vehículo y contratación de servicios de mano de obra para labores agrícolas. Además, informes contables señalarían pagos millonarios por servicios brindados por el pastor a la empresa Exportaciones Norteñas S.A., que en apariencia consistían principalmente en el suministro de trabajadores durante las temporadas de cosecha. Según estos registros, los pagos alcanzarían cerca de $80 millones en menos de siete años.
García Brenes es propietario de la compañía Exportaciones Notyeñaz y miembro de la junta directiva de la Asociación Deportiva San Carlos, pero no es investigado por el caso “Shark”
De acuerdo a información del OIJ las bodegas de una empacadora vinculada a dicha empresa fueron allanadas por el OIJ en octubre del 2024 en Pocosol de San Carlos , sitio que, en apariencia, funcionaba como punto de operación de Barboza. A esto se suman otros puntos de interés señalados por las autoridades, como oficinas en Pocosol de San Carlos, donde se presume podrían ubicarse evidencias relacionadas con la estructura investigada.
El expediente también detalla al menos cuatro vínculos comerciales directos entre García Brenes y el pastor: créditos, venta de activos y acuerdos por servicios profesionales. Entre los elementos bajo análisis figuran una conversación telefónica intervenida, la venta de un vehículo tipo Range Rover, un crédito en el que García figura como fiador y dos préstamos que superan los 120 millones de colones destinados a la compra de una finca.
No obstante, el empresario —conocido como “Chino” García— afirmó a este medio mediante documentación oficial que su compañía fue desvinculada del proceso penal.
De acuerdo con información la empresa comunicó que la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales concluyó que no existían pruebas que la relacionaran con actividades ilícitas.
El caso, tramitado bajo el expediente 22-000116-1322-PE, se extendió por cerca de 18 meses desde setiembre del 2024, periodo en el que la compañía enfrentó medidas cautelares como el congelamiento de cuentas y restricciones financieras. Sin embargo, el 9 de marzo de 2026, el juzgado ordenó el levantamiento de dichas medidas al determinar que la sociedad no tuvo participación en los hechos investigados.
En un comunicado emitido desde San Rafael de Río Cuarto, la empresa reiteró que colaboró activamente con las autoridades durante todo el proceso y destacó que la resolución judicial confirma su compromiso con la transparencia, la trazabilidad de sus operaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.
Por su parte, la investigación del Ministerio Público sostiene una hipótesis distinta respecto al pastor Barboza, al señalar que habría ejercido control indirecto sobre estructuras empresariales mediante testaferros, con el fin de introducir dinero de presunto origen ilícito en el sistema financiero y, eventualmente, facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico.
Dentro de las diligencias, las autoridades también han informado sobre el decomiso de bienes atribuidos al pastor, entre ellos propiedades, vehículos de alta gama, dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentación relevante para la investigación, los cuales habrían sido ubicados en distintos allanamientos realizados en la zona norte del país.
Mientras tanto, la defensa del pastor asegura que los ingresos millonarios registrados en los últimos años tienen origen legítimo, principalmente en la prestación de servicios de mano de obra para la industria piñera en la zona norte del país.
El denominado Caso Shark es considerado una de las investigaciones más relevantes en materia de crimen organizado en Costa Rica en los últimos años. El expediente apunta a una presunta red dedicada al lavado de dinero y al tráfico internacional de drogas, que habría utilizado empresas formales para aparentar legalidad en sus operaciones.
Dentro de esta causa figuran varios detenidos y personas bajo investigación, entre ellos el extraditable Alexi Meléndez León, señalado como supuesto cabecilla de la organización. También se reportan otros apellidos vinculados en la causa, como Meléndez y colaboradores cercanos a la estructura, quienes son investigados por su presunta participación en legitimación de capitales y tráfico internacional de estupefacientes.
Las diligencias judiciales continúan en desarrollo, mientras las autoridades buscan determinar el alcance real de la red, identificar a todos sus integrantes y establecer si las empresas involucradas fueron utilizadas de forma consciente o sin conocimiento de sus propietarios dentro del esquema investigado.
