San Carlos, Zona Norte. Un nuevo presunto daño ambiental en el sector de Jocote de Pocosol vuelve a poner bajo la lupa a la actividad piñera en la milla fronteriza. Vecinos de la zona denunciaron que, en los últimos días, una empresa dedicada al cultivo de piña habría arrasado un cerro completo, talado árboles y removido grandes extensiones de suelo para expandir la siembra.
Las denuncias surgen apenas meses después de que se alertara sobre un posible impacto ambiental en el mismo sitio. En aquella ocasión, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) indicaron que tras una inspección no encontraron afectaciones, lo que hoy genera mayor indignación entre los pobladores.
Según material gráfico y testimonios recopilados por este medio, en la finca se observan amplias áreas deforestadas, movimientos de tierra y aparente apertura de caminos internos con lastre, presuntamente extraído de un tajo cercano. Además, vecinos aseguran que funcionarios del MINAE transitaron recientemente por las cercanías del sitio, incluso observaron parte del área intervenida, pero no realizaron ninguna acción.
“Pasaron por la zona, vieron el daño, pero no actuaron. Se fueron a revisar otra propiedad a varios kilómetros de aquí”, afirmó un vecino que pidió anonimato.
De acuerdo con las denuncias, la finca estaría vinculada a un empresario de apellido García, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Un problema recurrente en la milla fronteriza
El caso de Jocote de Pocosol no sería aislado. En distintos puntos de la Zona Norte —incluyendo Los Chiles, Upala, Sarapiquí y San Carlos— se ha documentado la expansión de monocultivos en terrenos donde su establecimiento está prohibido.
La Directriz N.° 0006-2020 del MINAE prohíbe expresamente la instalación de monocultivos en áreas protegidas y dentro de la milla fronteriza, salvo en el caso de plantaciones forestales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades denuncian que esta normativa se incumple de manera sistemática.
Además de la deforestación, se reporta el relleno de humedales, la alteración de cauces naturales y el uso intensivo de agroquímicos, lo que ha generado preocupación por la contaminación de fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad.
Datos del informe Estado de la Nación han advertido que más de 16 mil hectáreas de humedales protegidos han sido impactadas por actividades agrícolas, especialmente en el corredor fronterizo norte.
Reclamos por falta de control institucional
El nuevo señalamiento también reabre el debate sobre la actuación de las instituciones encargadas de velar por el ambiente, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el MINAE, la Municipalidad de San Carlos y la Fiscalía.
Ambientalistas cuestionan lo que consideran una aplicación desigual de la ley. Señalan que, mientras en casos como el de Chorreras de Cutris se han ejecutado acciones contundentes contra pobladores, otras actividades de mayor escala continúan operando sin sanciones visibles.
“La ley no puede aplicarse de forma selectiva. Si hay prohibiciones claras, deben cumplirse sin importar el tamaño del actor involucrado”, indicaron voceros consultados.
Exigen investigación y acciones concretas
Ante la gravedad de las nuevas denuncias, vecinos y organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades para que se realice una inspección técnica en el sitio, se determine la legalidad de las actividades y, de confirmarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
Mientras tanto, el avance de los monocultivos en la Zona Norte continúa generando tensión entre desarrollo productivo y conservación ambiental, en una región clave para la biodiversidad y los recursos hídricos del país.
