El diputado Edgardo Araya lanzó fuertes denuncias durante su intervención en Control Político en la Asamblea Legislativa, donde señaló presuntas irregularidades relacionadas con minería ilegal, daño ambiental y aparente corrupción policial en sectores de la zona norte del país.
Araya aseguró haber recibido denuncias sobre supuestos cobros de “mordidas” por parte de oficiales policiales para permitir la extracción ilegal de oro en zonas como Crucitas, Cerro La Fortuna y Conchuditas, áreas ampliamente afectadas por el coligalleo y la minería clandestina.
Según el legislador, las denuncias apuntan a que personas dedicadas a la extracción ilegal de oro estarían pagando altas sumas de dinero para ingresar, permanecer o trasladar material extraído en estos sectores.
“El Gobierno tiene que abrir los ojos. Aquí hay denuncias muy graves sobre lo que está pasando en Crucitas y otros sectores de la zona norte”, manifestó Araya, quien hizo un llamado directo al Ministerio de Seguridad Pública y a Casa Presidencial para intervenir y dialogar sobre la problemática.
Coligalleros exhiben la realidad de Crucitas
Las declaraciones del diputado se producen en medio de crecientes denuncias sobre el deterioro ambiental y social en Crucitas, donde incluso los propios coligalleros publican videos y fotografías en redes sociales mostrando enormes excavaciones, extracción de tierra y trabajos mineros realizados a plena luz del día.
En sectores como Cerro La Conchudita se observan montañas removidas, caminos improvisados, campamentos y decenas de personas trabajando en busca de oro, situación que vecinos consideran ocurre ante la vista de las autoridades.
Diversas publicaciones del medio regional El Norte Hoy han documentado la compleja realidad que vive la zona: destrucción de bosques, contaminación de quebradas, presencia de grupos ligados a la minería ilegal, pobreza extrema y un creciente abandono estatal.
Bosques destruidos y contaminación
La minería ilegal ha dejado severos impactos ambientales en Crucitas y otros sectores cercanos. Grandes extensiones boscosas han sido taladas o removidas por coligalleros que utilizan herramientas artesanales y químicos para extraer oro.
Uno de los mayores temores es el posible uso de mercurio y otras sustancias contaminantes que podrían estar afectando ríos, quebradas y mantos acuíferos de la zona norte.
Además, las excavaciones abandonadas generan erosión, sedimentación y peligros constantes para personas y fauna silvestre.
Denuncia daño ambiental en Pocosol
Durante su intervención, Araya también denunció presuntos daños ambientales relacionados con actividades piñeras en el sector de Jocote de Pocosol.
El diputado cuestionó permisos otorgados a un empresario señalado por supuestos vínculos con narcotráfico para realizar tala de árboles y sembrar piña en esa comunidad.
Según indicó, las actividades agrícolas estarían afectando recursos naturales y generando preocupación entre vecinos por el impacto ambiental.
Cuestiona dragado en río Zapote de Upala
Otro de los temas denunciados por el legislador fue la extracción de material y el dragado en el Río Zapote, situación que, según afirmó, contaría con el aval de la Municipalidad de Upala.
Araya calificó como “inexplicable” la intervención realizada en el afluente y pidió investigar los permisos otorgados para la extracción de material.
Las denuncias realizadas por el diputado vuelven a poner sobre la mesa la crisis ambiental y social que enfrenta la zona norte del país, marcada por minería ilegal, deforestación, conflictos sociales y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para frenar estas actividades.
