Por: Redacción Política San José, Costa Rica
SAN JOSÉ — El Partido Acción Ciudadana (PAC) levantó una enérgica voz de protesta frente a lo que califica como una «inaceptable presión» de grupos de interés económico y del oficialismo para aprobar el proyecto de Ley 23.414, titulado «Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional». Según un manifiesto oficial emitido por la agrupación, la propuesta legal trasciende la reforma regulatoria superficial, constituyendo un «desmantelamiento disimulado» que amenaza los cimientos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La posición de la fuerza política sostiene que el texto en discusión desecha radicalmente la estructura eléctrica histórica basada en la solidaridad social para sustituirla por un «mercado mayorista mercantilizado». El PAC advierte que este viraje normativo elimina las garantías de acceso universal a la energía en zonas rurales y comunidades vulnerables, transformando lo que hoy es un servicio público fundamental en un simple «servicio económico de interés general», abriendo las compuertas a la especulación comercial a costa del bolsillo de los costarricenses.
Riesgos inminentes y vacío en la seguridad energética
Para la agrupación ciudadana, uno de los peligros más severos radica en el potencial desabastecimiento de electricidad a mediano y largo plazo. El proyecto introduce un esquema de gobernanza que fragmenta de forma difusa las competencias entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como rector, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) como ente regulador, y el nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional en el rol de operador. Esta «confusión institucional», argumenta el PAC, diluye las responsabilidades claras, volviendo imposible precisar qué entidad asumirá la obligación final de asegurar el suministro del país.
Asimismo, denuncian que el texto es omiso respecto a la infraestructura de transmisión eléctrica. Al relevar al ICE de su rol central de planificación, se genera una enorme incertidumbre sobre quién financiará las futuras líneas de transmisión, temiéndose que el sector privado solo construya las rutas que le resulten económicamente rentables.
Un golpe financiero para el consumidor y desventaja tecnológica
El manifiesto también enciende las alarmas en el plano tarifario. El PAC asevera que un mercado abierto conlleva elevados costos de transacción que, de forma irremediable, se trasladarán a los recibos mensuales de las familias. Apuntan con especial dureza contra el sistema de subastas propuesto, señalando que crearía un «negocio redondo» al asegurar ganancias a generadores privados por capacidad operativa —independientemente de si producen energía o no—, sumado a un «injusto doble pago» por la energía inyectada, cuyo costo variable en fuentes renovables es cercano a cero.
Desde la perspectiva del desarrollo futuro, el partido reprocha que la iniciativa legal ignore las exigencias tecnológicas de Costa Rica. En una era caracterizada por el uso intensivo de la inteligencia artificial y la creación de contenidos científicos, el país requiere inversiones robustas a largo plazo. Al centrarse en la obtención de utilidades inmediatas para los grandes operadores, el proyecto deja por fuera la creación de valor de largo plazo indispensable para afrontar las demandas de las nuevas tecnologías.
Defensa del modelo solidario y de los bienes del ICE
Finalmente, la agrupación hizo una defensa de los bienes estratégicos del país, alertando que la ley deja desprotegidos recursos vitales clave como la energía geotérmica y los grandes embalses hidroeléctricos del ICE, activos que deberían permanecer blindados para la confiabilidad del país en lugar de quedar a merced de intereses mercantiles inmediatos.
Ante este panorama, el PAC concluyó con un «llamado patriótico» a la ciudadanía, organizaciones sociales y comunidades para oponerse de forma rotunda a este modelo extractivista. El partido sentenció que un cambio de tal magnitud, carente de planificación y gradualidad, generará un impacto financiero oneroso e irreversible para la sociedad, bajo la consigna de que «el modelo solidario y el ICE se defienden» y no permitirán que la seguridad energética nacional se convierta en un experimento de mercado diseñado para el beneficio de unos pocos.
Resumen de los puntos críticos abordados:
1 Desabastecimiento: Caos institucional por división difusa de funciones entre MINAE, ARESEP y el Ente Coordinador.
2 Brecha Social: Riesgo de abandonar la electrificación rural si se prioriza la rentabilidad financiera a corto plazo.
3 Aumento de Tarifas: Costos operativos del mercado abierto se trasladarán directamente a las facturas familiares.
4 Doble Pago a Privados: Subastas que pagan por capacidad instalada (se use o no) más la energía producida.
5 Desprotección de Activos: Vulnerabilidad de plantas geotérmicas e hidroeléctricas del ICE ante intereses comerciales.
6 Incertidumbre en Redes: Falta de claridad en la inversión para las líneas de transmisión eléctrica.
