Tres oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos la madrugada de este martes como sospechosos de los delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal, tras una investigación liderada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz.
Las capturas se realizaron durante un operativo simultáneo que arrancó a eso de las 4:00 a.m. y que incluyó la participación de varias oficinas regionales del OIJ, entre ellas Upala, Los Chiles, Liberia, San Ramón, Puntarenas, Grecia y Orotina.
Según informó la policía judicial, se ejecutaron ocho allanamientos, de los cuales cuatro fueron en viviendas y cuatro en delegaciones policiales. Las diligencias se desarrollaron en sectores de Nandayure, Nicoya (Barrio Moracia) y Santa Cruz, específicamente en Barrio Lajas y Huacas.
Además, las autoridades intervinieron las delegaciones de la Fuerza Pública de Santa Cruz, Nuevo Arenal de Tilarán, Cañas y la Policía Turística de Tamarindo.
Los detenidos fueron identificados por los apellidos Villagra, de 34 años; Gómez, de 30 años; y Torres, también de 30 años.
La investigación se remonta al pasado 9 de febrero de 2026, cuando alrededor de las 9:00 p.m. ocurrió una balacera cerca de la plaza de deportes de Linderos de Santa Cruz, Guanacaste, que dejó varias personas heridas, entre ellas un ciudadano colombiano de apellido Farrujia, de 25 años.
De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, tras el tiroteo los oficiales ahora detenidos presuntamente se trasladaron hasta la vivienda del extranjero, donde habrían ingresado de manera ilegal y aprovechado su investidura policial para sustraer diversas pertenencias.
Entre los artículos aparentemente robados figuran dos armas de fuego —una pistola y una escopeta—, joyería, aproximadamente ?2 millones en efectivo y una cantidad aún no determinada de aparente marihuana.
Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron teléfonos celulares, equipos electrónicos y documentación considerada relevante para fortalecer el expediente investigativo.
Los tres oficiales fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente mientras se define la eventual solicitud de medidas cautelares.
