La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que su Gobierno presentará en las próximas semanas un proyecto de reforma a la Ley de Migración, con el objetivo de reforzar el control sobre el ingreso irregular de personas al país, particularmente en zonas vinculadas a actividades delictivas como la minería ilegal en Crucitas.
Según explicó la mandataria, las autoridades han detectado casos de personas extranjeras —principalmente de nacionalidad nicaragüense— que habrían ingresado de forma irregular al territorio costarricense en múltiples ocasiones y estarían relacionadas con estructuras del crimen organizado.
“Tenemos registros de personas que han ingresado ilegalmente hasta 70 veces al país y que están vinculadas con problemáticas relacionadas con Crucitas”, afirmó Fernández, al referirse a la situación de seguridad en la frontera norte.
La presidenta indicó que la propuesta legislativa formará parte de un paquete de medidas en materia de seguridad y será remitida próximamente a la Asamblea Legislativa para su discusión.
Por otra parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que cualquier modificación a la legislación migratoria contemple mecanismos de protección para personas que abandonan Nicaragua debido a la crisis política, persecución o situaciones de vulnerabilidad.
Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), explicó que el eventual proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente, incluyendo el análisis en comisión, consultas técnicas y posteriores votaciones en el plenario legislativo.
Diversos sectores insisten en que el debate debe buscar un equilibrio entre el fortalecimiento de la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos de quienes migran forzadamente en busca de protección.
