Por Ramón Carranza Cascante ex diputado
Artículo de opinión
Hay decisiones políticas que no solo reflejan un ajuste presupuestario, sino también una forma de entender el país que queremos construir. La propuesta de reducir 40 mil millones de colones al presupuesto de los CEN-CINAI y 30 mil millones a los bonos de vivienda para financiar las pensiones del Régimen No Contributivo es precisamente una de esas decisiones.
Debe decirse sin rodeos: fortalecer las pensiones es una necesidad real, justa y urgente. Costa Rica mantiene una deuda histórica con miles de personas adultas mayores que viven en pobreza y carecen de ingresos suficientes, pensión o una red de apoyo. Resultaría insensible oponerse a que el Estado garantice condiciones mínimas de dignidad a quienes enfrentan la vejez en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, una cosa es respaldar a las personas adultas mayores y otra muy distinta hacerlo a costa de los niños pobres y de familias que esperan acceso a una vivienda digna. Eso no representa justicia social; representa enfrentar a los sectores más vulnerables entre sí.
Un país no puede solucionar el abandono de una población desprotegiendo a otra. No es aceptable financiar pensiones reduciendo recursos destinados a alimentación, cuido y atención infantil. Tampoco lo es cubrir una necesidad legítima debilitando los programas de vivienda social de miles de familias que aún esperan un hogar digno. No se puede hablar de sensibilidad social mientras se recortan programas dirigidos precisamente a quienes tienen menos capacidad para defenderse.
Los CEN-CINAI no son un lujo burocrático ni una partida secundaria dentro del presupuesto nacional. Son una estructura histórica de apoyo alimentario, atención, desarrollo infantil y protección social para hogares en condición de pobreza, vulnerabilidad y riesgo. En estos centros hay niños que reciben alimentación, acompañamiento y un espacio seguro mientras sus madres, padres o encargados trabajan o luchan por sostener sus hogares.
Reducir recursos a estos programas no es una decisión administrativa sin consecuencias. Es afectar directamente el plato de comida de un niño. Es poner en riesgo la tranquilidad de una madre que sale a trabajar confiando en que su hijo está protegido. Es debilitar uno de los pocos brazos del Estado que todavía llega a comunidades donde muchas veces la institucionalidad aparece tarde o, sencillamente, no aparece.
Una situación similar ocurre con los bonos de vivienda. Detrás de cada subsidio habitacional no existe únicamente un dato financiero: existe una familia hacinada, niños creciendo en espacios inseguros, madres jefas de hogar esperando una oportunidad y personas adultas mayores viviendo en condiciones precarias. También existen comunidades enteras atrapadas en asentamientos informales o viviendas deterioradas que no soportan otro invierno.
Por eso, esta discusión no puede reducirse a una falsa elección entre pensiones o CEN-CINAI, entre adultos mayores o vivienda, entre una vejez digna o una niñez protegida. Ese planteamiento es equivocado y, además, cómodo para evitar el verdadero debate político: revisar el presupuesto donde realmente corresponde hacerlo.
Si el país necesita ?70 mil millones para reforzar las pensiones, esos recursos deben encontrarse. Pero la búsqueda tiene que iniciar donde el impacto social sea menor. Deben analizarse convenios, programas no focalizados, gastos de baja prioridad, consultorías, duplicidades institucionales, campañas de comunicación, alquileres, viáticos, proyectos tecnológicos costosos y partidas cuya urgencia social no sea inmediata.
Un ejemplo reciente es el convenio relacionado con Open English y la estrategia Hello Brete. Nadie pone en duda la importancia del inglés ni los beneficios del bilingüismo para generar oportunidades laborales. Pero cuando un país enfrenta la disyuntiva de financiar plataformas masivas de capacitación tecnológica o garantizar alimentación infantil, cuido y vivienda para familias vulnerables, el orden de prioridades debería ser evidente.
La discusión no es si aprender inglés sirve; por supuesto que sirve. La pregunta real es si programas de ese tipo deben mantenerse intactos mientras se plantea reducir recursos destinados a los CEN-CINAI y a la vivienda social. También cabe preguntarse si una estrategia de capacitación amplia y no necesariamente dirigida a los hogares más pobres tiene más urgencia que garantizar nutrición, desarrollo infantil, cuido y techo digno.
Mi posición es clara: no.
Un gobierno responsable puede impulsar tecnología, bilingüismo y empleabilidad, pero no debilitando las bases de protección social de la niñez vulnerable. Puede promover innovación y modernización, pero no sacrificando los programas esenciales que permiten a una madre trabajar, a un niño alimentarse y a una familia aspirar a una vida menos precaria. No puede construirse modernidad sobre la fragilidad de los más pobres.
Costa Rica debería mantener una regla moral elemental: los programas que sostienen la vida cotidiana de las poblaciones más vulnerables deben ser los últimos en tocarse, no los primeros.
Además, hay un aspecto que no debe ignorarse. Los programas de cuido infantil no son únicamente política social; también son prevención de violencia, política de empleo y seguridad pública. Centroamérica ofrece ejemplos dolorosos de lo que ocurre cuando los niños quedan sin protección debido a pobreza, migración o ausencia de redes de cuido. Cuando el Estado no ocupa ese espacio, otros terminan llenándolo: la calle, el abandono o las estructuras criminales.
Por eso, los CEN-CINAI representan mucho más que centros de alimentación o cuido. Son espacios de protección social. Son herramientas para romper ciclos de pobreza, exclusión, malnutrición y violencia. Son inversiones tempranas que evitan consecuencias mucho más costosas para el país en el futuro.
Quien observa los CEN-CINAI únicamente como una línea presupuestaria desconoce su verdadero valor. Y quien propone reducirlos sin medir impactos no está promoviendo austeridad, sino debilitando una de las políticas públicas más importantes de prevención social.
La vivienda responde a la misma lógica. Una familia sin un hogar seguro vive permanentemente expuesta a la vulnerabilidad. Sin un techo digno no existe estabilidad, salud ni condiciones adecuadas para el desarrollo de la niñez. El bono de vivienda no es un privilegio; es una herramienta para que miles de familias puedan salir de la precariedad.
Por eso resulta inaceptable que, cuando se habla de financiar pensiones, la primera respuesta sea reducir recursos a CEN-CINAI y vivienda. ¿Por qué no revisar primero programas costosos que no atienden pobreza extrema? ¿Por qué no auditar partidas menos prioritarias? ¿Por qué no analizar gastos políticos, convenios, campañas, consultorías o proyectos cuya urgencia social sea menor? ¿Por qué, una vez más, la tijera parece encontrar más fácil el presupuesto de quienes menos tienen?
La política pública exige priorizar. Y priorizar implica escoger. Si se decide recortar alimentación, cuido y vivienda para financiar pensiones, el mensaje que se envía es preocupante: los pobres deben sostener a los pobres; los niños deben financiar a los adultos mayores; las familias sin vivienda deben asumir el costo de un sistema que el Estado no quiso revisar con seriedad. Eso no es solidaridad; es administrar el abandono.
Las pensiones del Régimen No Contributivo requieren financiamiento estable, suficiente y responsable. Pero ese dinero debe surgir de una revisión profunda del gasto público, no del sacrificio de programas sociales esenciales. La justicia social no puede transformarse en un mecanismo donde se le quita a un vulnerable para beneficiar a otro.
Costa Rica necesita una política social coherente, capaz de proteger simultáneamente a la niñez, a las familias sin vivienda y a las personas adultas mayores. No existe contradicción entre esas causas. La contradicción aparece cuando se evita revisar otras partidas y se opta por enfrentar a sectores vulnerables entre sí.
Si realmente existe voluntad política para fortalecer las pensiones, corresponde abrir una revisión seria del presupuesto nacional. Transparentar partidas, identificar duplicidades, analizar convenios costosos, evaluar programas de bajo impacto y revisar gastos accesorios antes de tocar lo indispensable.
Lo que no puede aceptarse es que se presente como única salida quitar recursos a los CEN-CINAI y a los bonos de vivienda. Eso no es inevitable. Es una decisión política. Y como toda decisión política, debe debatirse, cuestionarse y, de ser necesario, rechazarse.
Costa Rica debe preguntarse qué tipo de Estado quiere construir: uno que protege a sus niños, acompaña a las familias pobres y garantiza dignidad a las personas adultas mayores; o uno que intenta resolver una urgencia social creando otra.
Yo respaldo las pensiones para quienes verdaderamente las necesitan. Pero también respaldo los CEN-CINAI, los bonos de vivienda, a las madres que necesitan trabajar, a los niños que necesitan alimentarse y crecer seguros, y a las familias que sueñan con una casa digna. Defiendo la convicción de que la política social no puede convertirse en una disputa entre pobres.
