La presentación del paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad, realizada este lunes 15 de junio en la Asamblea Legislativa por la presidenta de la República, Laura Fernández, estuvo marcada por la baja asistencia de diputados de oposición.
De acuerdo con información brindada durante la actividad, 25 legisladores opositores no acudieron a la convocatoria del Poder Ejecutivo, organizada para dar a conocer las iniciativas enfocadas en fortalecer el combate contra el crimen organizado y endurecer las medidas contra la delincuencia. El único diputado de oposición presente fue Éder Hernández, del Partido Liberación Nacional.
La mandataria llegó al Congreso acompañada de integrantes de su gabinete, entre ellos autoridades vinculadas a seguridad y justicia, con el propósito de entregar formalmente el conjunto de propuestas legislativas que el Gobierno considera prioritarias ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
Entre los proyectos presentados figura la Ley de fortalecimiento de la prisión preventiva (expediente 24.385), que pretende ampliar los criterios para que jueces puedan ordenar esta medida cautelar en delitos graves, evitando que sospechosos enfrenten procesos judiciales en libertad.
También se entregó la Ley de restricción de libertad condicional para reincidentes (expediente 24.386), dirigida a limitar beneficios penitenciarios para personas que reincidan en actividades criminales.
Otro de los textos es la Ley de tipificación de la pertenencia a bandas criminales (expediente 24.387), con la que se busca penalizar la integración a estructuras delictivas organizadas, aun cuando no se logre acreditar la comisión de un delito específico al momento de la captura.
El paquete incluye además una reforma a la Ley de Armas y Explosivos (expediente 24.388), orientada a endurecer controles sobre la portación y comercialización de armamento, así como la Ley de protección a la Fuerza Pública (expediente 24.389), que propone sanciones más severas para quienes agredan a oficiales policiales en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el Ejecutivo impulsa la Ley de creación de una jurisdicción especializada en delincuencia organizada (expediente 24.390), con la intención de establecer tribunales especializados para atender casos complejos relacionados con organizaciones criminales.
La escasa presencia de legisladores durante la actividad evidenció nuevamente las tensiones entre el Poder Ejecutivo y sectores de oposición en el Congreso. No obstante, el Gobierno insistió en la necesidad de avanzar con estas iniciativas, argumentando que el país requiere respuestas urgentes frente al incremento de la violencia y el crimen organizado.
Ahora, los proyectos deberán iniciar su trámite legislativo, donde serán los diputados quienes definan el ritmo de discusión y eventual aprobación de las reformas.
