¿De quién es el ROP? El Estado vuelve a decidir sobre el dinero de los trabajadores
Las declaraciones del diputado y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, en contra de la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) reabrieron uno de los debates más sensibles para miles de trabajadores costarricenses: ¿quién tiene el derecho de decidir sobre un ahorro construido con años de trabajo?
Acosta sostiene que permitir el retiro de esos recursos podría provocar un aumento en las tasas de interés, inflación y afectar el crédito de millones de personas, además de comprometer las futuras pensiones. También afirma que “no se vale que solo ganen los adultos actuales”, apelando al principio de equidad entre generaciones.
Sin embargo, miles de trabajadores sostienen una posición completamente distinta. Argumentan que el ROP no es un subsidio estatal ni un regalo del Gobierno. Es dinero descontado obligatoriamente de sus salarios durante décadas, administrado por operadoras de pensiones, por lo que consideran que debería existir plena libertad para decidir cómo utilizarlo al llegar la jubilación.
La discusión también deja una interrogante incómoda: cuando el dinero pertenece al trabajador, ¿hasta dónde puede el Estado limitar su acceso argumentando razones macroeconómicas?
Diversos proyectos de ley buscan precisamente devolver esos recursos de forma gradual a quienes se pensionen, pero la oposición de sectores técnicos y de figuras como Nogui Acosta ha frenado el avance de esas iniciativas.
Para muchos ciudadanos resulta contradictorio que, después de cotizar durante 30 o 40 años, deban seguir sujetos a restricciones para acceder a un patrimonio que consideran propio. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que esos recursos cumplen una función dentro de la estabilidad financiera del país.
El debate ya no es únicamente económico. Es una discusión sobre derechos patrimoniales, libertad de decisión y el papel del Estado frente al ahorro obligatorio de millones de trabajadores costarricenses.
La pregunta sigue abierta: si el ROP es producto del esfuerzo del trabajador, ¿debería ser el Estado quien determine cuándo y cómo puede disponer de ese dinero?
