El gremio solicita una audiencia urgente con la presidenta Laura Fernández para plantear una estrategia nacional que ordene la trazabilidad del oro y frene la minería ilegal.
Por: Redacción
Aguas Zarcas, San Carlos — Tras una serie de rigurosas inspecciones técnicas en los cantones con mayor actividad minera del país, el Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) emitió una enérgica alerta al Gobierno de la República. La organización gremial urgió la implementación de una estrategia nacional integral y diferenciada para abordar las complejas e individuales realidades socioambientales que enfrentan Abangares, Montes de Oro y, de manera crítica, el sector de Crucitas en San Carlos.
A través del comunicado oficial CGCR-PRE16-26, los profesionales en geología solicitaron formalmente una audiencia con la presidenta de la República, Laura Fernández, con el propósito de presentar una propuesta técnica que permita atender de forma integral el sector. Esta iniciativa surge ante la alarmante ausencia de control sobre la trazabilidad del oro, la opacidad en el financiamiento de la comercialización y el auge de actividades ilícitas que operan al margen de la ley.
Crucitas en estado crítico: Más allá de la minería
El análisis técnico del CGCR subraya que el panorama en la zona norte del país demanda acciones de seguridad nacional inmediatas. En el caso de San Carlos, específicamente en la localidad de Crucitas, el Colegio advierte de forma tajante que la problemática ya superó el ámbito estrictamente minero.
Actualmente, el territorio experimenta una profunda crisis multidimensional que abarca la seguridad pública, la salud de las poblaciones locales, la gobernanza y el control ambiental. Esta alarmante degradación institucional y social se ve severamente agravada por la persistencia de la minería ilegal y por la prolongada ausencia de una respuesta estatal integral y contundente en la zona.
Realidades disímiles en Montes de Oro y Abangares
El análisis de campo realizado por los geólogos constató que una solución uniforme o genérica está destinada al fracaso, dado que cada territorio presenta desafíos particulares. En el cantón de Montes de Oro, las visitas técnicas detectaron señales preocupantes de crecimiento en las actividades ilegales de extracción y procesamiento. El CGCR advirtió que, de no atenderse con prontitud, esta región podría evolucionar hacia escenarios de crisis tan severos como los observados en otras latitudes vulnerables del país.
Por otro lado, la realidad en Abangares muestra un matiz distinto. Allí, la minería aurífera posee un profundo arraigo histórico y social. Por esta razón, el Colegio insiste en que cualquier proceso de regulación estatal debe ejecutarse con una alta sensibilidad social, considerando prioritariamente la formalización de la actividad y protegiendo el sustento económico directo de cientos de familias locales que dependen enteramente de ella.
Costa Rica enfrenta realidades territoriales muy distintas en materia de minería aurífera. La solución no puede ser uniforme; debe construirse con criterios técnicos, coordinación institucional y una visión de largo plazo que proteja tanto a las comunidades como al ambiente y al recurso mineral del país»
— Ing. Néstor Chamorro Aravena, presidente del CGCR.
Vacíos legales y exigencias técnicas
La urgencia de este llamado también coincide con el estancamiento regulatorio que sufre el país tras la paralización en febrero de 2025 del artículo 8 BIS de la Ley 8904 (Ley para declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto). Desde entonces, los flujos comerciales y los métodos de financiamiento del metal precioso —muchas veces de origen desconocido— operan en la sombra.
Frente a este escenario, el CGCR reiteró su total disposición de colaborar técnicamente con el Poder Ejecutivo y las dependencias responsables para diseñar una hoja de ruta científica y viable. El plan propuesto por el gremio incluye el fortalecimiento inmediato de la Dirección de Geología y Minas, la incorporación de profesionales en geología dentro de los cantones estratégicos, una regulación estricta sobre las plantas de procesamiento y el desarrollo de protocolos diferenciados por territorio.
Asimismo, la institución lanzó una advertencia a la Asamblea Legislativa, señalando con preocupación la existencia de diversos proyectos de ley e ideas en la corriente parlamentaria actual que carecen por completo de un verdadero fundamento técnico y científico.
