Diputada Kattia Calvo bajo la lupa por antecedentes revelados en investigaciones periodísticas
La diputada Kattia Calvo, la misma que dijo que no negocia con diputados terroristas del Frente Amplio esta semana, vuelve a estar en el centro del debate público luego de que investigaciones periodísticas recordaran antecedentes de su paso por la función pública.
De acuerdo con un reportaje publicado por el Semanario Universidad el 21 de octubre de 2025, antes de asumir la jefatura de despacho de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Calvo laboró como policía en la Municipalidad de San José, institución de la que fue despedida sin responsabilidad patronal.
Según ese medio, el despido obedeció, presuntamente, a que habría alterado o facilitado la alteración de boletas de horas extra de algunos oficiales de la Policía Municipal y, además, por el aparente consumo de material pornográfico frente a subalternos durante horas laborales. El Semanario Universidad atribuye esta información a una publicación realizada por el medio digital ¡Qué Torta! en enero de 2020.
Posteriormente, el mismo reportaje del Semanario Universidad reveló que, siendo jefa de despacho del INAMU y aspirante a una diputación por el partido Pueblo Soberano, Calvo utilizó incapacidades médicas durante las cuales asistió a actividades político-electorales de esa agrupación.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria acumuló 100 días de incapacidad durante el 2025. El medio indicó que al menos dos de esos periodos coincidieron con asambleas partidarias celebradas el 10 de agosto y el 7 de septiembre, en las que Calvo apareció en fotografías publicadas en sus propias redes sociales.
Las incapacidades se originaron por una lesión en el tendón de Aquiles sufrida durante una gira de trabajo. Sin embargo, la legislación establece que una incapacidad médica implica que la persona no debe realizar actividades laborales, recreativas o de otra índole incompatibles con su condición de salud.
Consultada por el diario La Nación sobre este tema, Calvo sostuvo que la participación política constituye un derecho constitucional y aseguró que el Instituto Nacional de Seguros realizó una investigación, la cual concluyó con un apercibimiento sobre las actividades que podía o no realizar mientras permanecía incapacitada.
Los hechos relacionados con su despido en la Municipalidad de San José y el uso de incapacidades corresponden a investigaciones y publicaciones periodísticas citadas por el Semanario Universidad. Las acusaciones sobre las causas del despido son de carácter administrativo y no equivalen a una condena penal.
