Magistrados aprobaron por unanimidad un pronunciamiento en el que defienden la institucionalidad y afirman que existe “cero tolerancia” a la corrupción.
La Corte Plena emitió este lunes 6 de julio un pronunciamiento oficial en el que rechazó de forma categórica las declaraciones realizadas por la presidenta de la República durante una conferencia de prensa el pasado 1 de julio, en las que aseguró que el crimen organizado se encuentra infiltrado “hasta el tuétano” en el Poder Judicial.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los magistrados durante la sesión de este lunes y constituye una respuesta institucional a las manifestaciones de la mandataria.
En el documento, la Corte Plena sostiene que, si bien en algunos casos se han detectado actuaciones irregulares dentro de la institución, estas corresponden a situaciones puntuales que han sido investigadas y sancionadas por el propio Poder Judicial.
“La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración ‘hasta el tuétano’ del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, los magistrados destacaron que el Poder Judicial está integrado por más de 13.800 funcionarios, quienes, según el documento, trabajan diariamente con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.
En el comunicado también se insta a la presidenta de la República a presentar las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, asegurando que cualquier señalamiento será investigado conforme a los procedimientos establecidos.
“Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente”, indica el texto.
Finalmente, la Corte Plena reiteró que dentro del Poder Judicial existe una política de “cero tolerancia a la corrupción”, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que pueda presentarse en la institución.
El pronunciamiento se produce en medio de un creciente intercambio de señalamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre el combate al crimen organizado y el funcionamiento del sistema de justicia en Costa Rica.
