¿Una carretera hacia ninguna parte? Diputado anuncia investigación por millonaria inversión en camino dentro del Parque del Agua Juan Castro Blanco
Por más de cinco años, la apertura de un camino en el sector de Alto Zopilote, en Pueblo Viejo de Venecia de San Carlos, ha generado polémica, denuncias ambientales, cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y sospechas sobre quiénes serían los verdaderos beneficiarios de la obra.
El pasado sábado, el diputado Edgardo Araya recorrió la zona junto con miembros de su equipo de trabajo para documentar, mediante fotografías y videos, el estado del camino que actualmente desarrolla la Municipalidad de San Carlos.
Tras la inspección, el legislador aseguró que la visita dejó más preguntas que respuestas.
Según Araya, el camino se ubica dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco y, pese a la millonaria inversión pública que se ejecuta, no comunica comunidades ni da acceso a centros de población.
En el pasado este medio visitó el lugar y pudo comprobar que a lo largo del trayecto no existen viviendas. En la zona únicamente se observó una pequeña lechería y varias fincas.
“Nos encontramos con una carretera donde no vive prácticamente nadie. Aquí se están invirtiendo millones de colones en una obra que no conecta comunidades y donde no existen casas. Entonces la pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente este camino?”, expresó el diputado.
¿Obra pública para quién?
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Araya gira en torno a los beneficiarios reales de la inversión.
El diputado sostiene que las comunidades cercanas ya cuentan con otras vías de acceso, por lo que, a su criterio, resulta difícil justificar la construcción de un nuevo camino en un sector donde predominan propiedades privadas.
De acuerdo con información obtenida durante la visita, varias de esas fincas pertenecen a personas que no residen en Venecia de San Carlos e incluso viven en otros cantones de la provincia de Alajuela.
Cabe destacar estas propiedades permanecen dentro del parque y que a propietarios aún no han sido indemnizados por el Estado.
La hipótesis que investigará
Araya señaló que una de las líneas de investigación será determinar si algunos propietarios de terrenos dentro del parque utilizaron un recurso de amparo previamente resuelto a su favor para exigir la construcción del camino.
“Creemos que a la Sala Constitucional posiblemente no se le brindó toda la información relevante cuando resolvió ese recurso. Eso es algo que vamos a investigar, porque estamos hablando de una inversión millonaria en una zona donde no hay población estable”, manifestó.
El legislador anunció que regresará al sitio en las próximas semanas acompañado por vecinos y otros actores, con el propósito de realizar una nueva inspección y recopilar más información.
Cinco años de conflictos y denuncias ambientales
La controversia alrededor de este camino no es reciente.
Desde hace más de cinco años, el proyecto ha sido objeto de enfrentamientos entre distintos sectores de la comunidad.
Durante ese periodo surgieron denuncias por presuntos daños ambientales relacionados con la apertura de la vía.
Entre los señalamientos figura la tala de árboles en las cercanías de quebradas y la supuesta aplicación de herbicidas para secar árboles y facilitar el avance del camino.
Por estos hechos, en 2021 varias ASADAS de Venecia presentaron una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), solicitando una investigación sobre las posibles afectaciones ambientales.
¿Existe un interés inmobiliario?
Otro elemento que alimenta el debate son las versiones de vecinos que apuntan a un eventual interés de inversionistas con propiedades dentro del parque.
Según estas versiones, el mejoramiento y eventual asfaltado del camino aumentaría significativamente el valor de esas fincas y facilitaría futuros proyectos de desarrollo.
Hasta el momento, no existe información oficial que confirme esa hipótesis; sin embargo, el diputado considera que precisamente ese es uno de los aspectos que debe esclarecerse.
“Vamos a investigar cuál fue el criterio técnico y administrativo para invertir tantos recursos públicos en este lugar. Queremos conocer si realmente esta obra responde al interés público o si termina favoreciendo intereses particulares”, afirmó.
Las preguntas siguen abiertas
La inspección deja varios interrogantes que aún esperan respuesta:
- ¿Cuál fue la justificación técnica para invertir recursos públicos en este camino?
- ¿Cuántas personas se benefician directamente de la obra?
- ¿Qué criterios utilizó la Municipalidad de San Carlos para priorizar este proyecto?
- ¿Cuál es la situación legal de las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco?
- ¿Se valoraron los impactos ambientales antes de ejecutar las obras?
- ¿Existe algún interés económico o inmobiliario detrás del mejoramiento de esta vía?
Mientras estas interrogantes continúan sin una respuesta oficial, el proyecto sigue avanzando y el debate sobre el uso de recursos públicos dentro de una zona protegida promete intensificarse.
