Abogado ambientalista cuestiona intervención de camino dentro del Parque Nacional Juan Castro Blanco y pide investigar permisos otorgados
El abogado ambientalista Edgardo Araya calificó como “sumamente grave” la intervención de un camino dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco y señaló que, aparentemente, ni la Sala Constitucional ni la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) habrían sido informadas de que la vía se encuentra dentro de los límites de un área protegida.
Según Araya, esta situación debe ser investigada, pues considera que si las autoridades hubieran tenido conocimiento de esa condición ambiental, difícilmente se habría autorizado la intervención en los términos actuales.
“Me parece sumamente grave lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, ya que se está irrespetando su razón de ser: la protección absoluta de las nacientes de agua y, con ello, el futuro de las comunidades”, manifestó.
El abogado recordó que el parque fue creado precisamente para proteger fuentes hídricas estratégicas y rechazó la idea de que conservación y desarrollo sean objetivos opuestos.
“Es un error caer en la falacia de que el desarrollo y la protección ambiental están en conflicto. Sin agua, sin aire y sin alimentos, no existe posibilidad alguna de desarrollo económico”, afirmó.
Cuestionamientos a la información entregada a las autoridades
La polémica gira alrededor de un camino ubicado en el sector de Alto Zopilote, en Pueblo Viejo de Venecia de San Carlos, donde la Municipalidad de San Carlos ejecuta una obra de infraestructura que ha generado cuestionamientos ambientales y políticos.
Araya sostiene que, al momento de la creación del Parque Nacional Juan Castro Blanco, la ruta quedó incorporada dentro del área protegida, aunque continúe apareciendo registrada como camino.
A criterio del ambientalista, esa información debió ser comunicada tanto en el recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional como durante el proceso de evaluación ambiental.
“Las comunidades interpusieron un recurso para que se reparara la vía, pero aparentemente no se indicó que el camino estaba dentro de un parque nacional. Si esa información no llegó a la Sala Constitucional, estamos ante una situación que debe revisarse”, explicó.
Asimismo, cuestionó que SETENA haya otorgado viabilidad ambiental para la obra sin que, presuntamente, conociera la ubicación exacta del camino dentro del área protegida.
“Es probable que SETENA tampoco haya sido informada de que el camino está dentro del parque, porque de haberlo sabido, el análisis habría sido diferente”, agregó.
Diputado anuncia investigación
El diputado Edgardo Araya anunció que realizará una investigación sobre la millonaria inversión pública destinada a este camino y recorrió recientemente la zona junto con miembros de su equipo para documentar las condiciones del lugar.
Tras la inspección, aseguró que existen dudas sobre el objetivo real de la obra, debido a que, según indicó, el camino no conecta comunidades ni brinda acceso a centros poblados.
“Nos encontramos con una carretera donde prácticamente no vive nadie. Aquí se están invirtiendo millones de colones en una obra que no conecta comunidades y donde no existen casas. La pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente este camino?”, expresó.
Durante recorridos previos realizados en la zona se observó la presencia de algunas fincas y una pequeña lechería, mientras que varias propiedades permanecen dentro de los límites del parque y sus propietarios no han sido indemnizados por el Estado.
El legislador indicó que una de las líneas de investigación será determinar si particulares con terrenos dentro del área protegida utilizaron resoluciones judiciales para impulsar la construcción de la vía.
Desarrollo y ambiente
El caso ha abierto un debate sobre la necesidad de atender las demandas de las comunidades sin comprometer la protección de zonas de alta importancia ambiental.
Araya insistió en que cualquier solución debe respetar la normativa vigente y garantizar la protección de los recursos naturales.
“El agua no es un recurso negociable. Las decisiones de hoy deben considerar el derecho de las futuras generaciones a contar con un ambiente sano”, concluyó.
