Un reciente informe de Amnistía Internacional cuestiona la política de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, al denunciar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Según la organización, al menos 470 personas han fallecido bajo custodia del Estado en centros penitenciarios salvadoreños. Otras organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a más de 500 muertes, lo que ha generado preocupación entre organismos internacionales.
El informe sostiene que, en el marco de la estrategia para combatir a las pandillas, se han registrado más de 90.000 detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias. Además, documenta denuncias de presuntas torturas, malos tratos, hacinamiento, falta de atención médica y procesos judiciales con limitadas garantías para los detenidos.
Amnistía Internacional también señala que numerosas familias afirman haber recibido los cuerpos de sus seres queridos sin una explicación clara sobre las causas de su fallecimiento, mientras que otras denuncian dificultades para obtener información sobre el estado de salud o el paradero de los detenidos.
La organización sostiene que la magnitud y sistematicidad de los hechos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que pidió investigaciones independientes y que se garantice la rendición de cuentas de los responsables.
Por su parte, el gobierno de El Salvador ha defendido el régimen de excepción como una herramienta clave para recuperar el control del territorio y reducir drásticamente los homicidios y la actividad de las pandillas. La administración Bukele asegura que esta estrategia ha devuelto la seguridad a millones de salvadoreños y rechaza las acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El informe reabre el debate internacional sobre el equilibrio entre las políticas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.
