Presidenta de la Sala III cuestiona nombramientos políticos y defiende independencia del Poder Judicial
La comparecencia de la presidenta de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por un intercambio de alto tono con diputados oficialistas y por una férrea defensa de la independencia judicial.
Durante la audiencia, Solano respondió a los cuestionamientos de legisladores afines al Gobierno y afirmó que personas que enfrentaron denuncias cuando ocuparon cargos en otros poderes de la República hoy desempeñan funciones políticas. Agregó que esos nombramientos fueron realizados tanto por la administración anterior como por la actual, y recordó que quienes ejercen determinados cargos cuentan con inmunidad mientras permanecen en ellos.
La magistrada también respaldó el proceso de selección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, cuya elección permanece detenida en el Congreso. Según indicó, las designaciones deben basarse en criterios técnicos y en la trayectoria profesional de los candidatos, no en consideraciones políticas.
“Los magistrados somos jueces técnicos y esa es la base sobre la que evaluamos a quienes aspiran a integrar el Poder Judicial”, sostuvo durante su intervención.
La comparecencia se produjo un día después de que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, devolviera al Poder Judicial la lista de aspirantes a magistrados suplentes, argumentando que el expediente remitido estaba incompleto y que esa decisión respondía a criterios de eficacia y economía procesal.
La falta de consenso para nombrar a 12 magistrados suplentes mantiene estancado el proceso desde hace varias semanas, situación que, según distintas voces dentro del Poder Judicial, podría afectar el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Durante la sesión también participaron el fiscal general, Carlo Díaz, y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto. Díaz confirmó que uno de los expedientes que continúa sin avanzar debido a la falta de integración completa de la Sala es la acusación relacionada con el presunto financiamiento paralelo de la campaña presidencial de 2022.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, criticó la posición del oficialismo y aseguró que el retraso en los nombramientos responde a intereses políticos. El legislador afirmó que mantener incompleta la integración de la Sala Constitucional dificulta la resolución de causas de alto perfil vinculadas con presuntos casos de corrupción.
