Los cuatro jerarcas del Gobierno que enfrentan amenazas de muerte: Presidencia confirma nueve denuncias ante la Fiscalía
La presidenta de la República, Laura Fernández, reveló que existen al menos nueve amenazas de muerte dirigidas en su contra, algunas de ellas con información que advertía sobre la posible utilización de francotiradores, por lo que los casos ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para su respectiva investigación.
Según indicó la mandataria, las amenazas no solo la tienen a ella como objetivo, sino que también alcanzan a otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quienes forman parte del grupo de jerarcas que actualmente cuentan con medidas especiales de seguridad.
Fernández aseguró que todas las denuncias fueron remitidas a la Fiscalía, donde se tramitan los expedientes correspondientes, e hizo un llamado al Poder Judicial para que informe sobre el avance de las investigaciones y el estado de cada uno de los casos.
La presidenta manifestó su preocupación por la gravedad de las amenazas, especialmente aquellas que hacen referencia a posibles atentados con armas de largo alcance, al considerar que este tipo de situaciones representan un riesgo para la institucionalidad democrática y el normal ejercicio de las funciones públicas.
Aunque no brindó detalles sobre el contenido específico de cada expediente ni sobre la identidad de los presuntos responsables, señaló que las autoridades de seguridad han reforzado los protocolos de protección para los funcionarios involucrados.
El Gobierno sostiene que este tipo de amenazas deben investigarse con celeridad para determinar su origen, identificar a los responsables y evitar cualquier riesgo contra la vida de las autoridades.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado públicamente sobre el avance de las investigaciones relacionadas con estas denuncias. Entretanto, el Poder Ejecutivo insiste en que los casos sean esclarecidos y que se garantice la protección de los funcionarios amenazados, así como el respeto al Estado de derecho y a la seguridad institucional.
