Concejo Municipal de San Carlos pedirá explicaciones sobre proceso para recuperar presunto pago irregular a exvicealcaldesa Jenny Chacón; exfuncionaria sostiene que la Justicia ya la eximió de devolver dinero
El Concejo Municipal de San Carlos conoció una moción para citar a la jefatura del Departamento Jurídico de la Municipalidad, con el fin de que rinda un informe detallado sobre el estado del proceso relacionado con la recuperación de un presunto pago irregular realizado a la exvicealcaldesa Jenny Chacón Agüero por concepto de dedicación exclusiva.
La iniciativa fue presentada por la regidora Luisa Chacón Caamaño, quien solicitó que el Departamento Jurídico exponga ante el Concejo un relato pormenorizado de los hechos, las actuaciones administrativas y judiciales emprendidas por la Municipalidad, así como el estado actual del expediente.
De acuerdo con la moción, el caso se relaciona con un pago cercano a los ?70 millones que la exvicealcaldesa habría recibido por concepto de dedicación exclusiva. El documento también señala que la entonces directora de Recursos Humanos, Yajaira Carvajal, advirtió oportunamente que ese reconocimiento salarial no debía otorgarse.
Exvicealcaldesa asegura que los tribunales resolvieron el caso a su favor
No obstante, la posición de Jenny Chacón Agüero difiere de la planteada en la moción municipal.
En un derecho de respuesta remitido a este medio durante el 2025, la exvicealcaldesa afirmó que el proceso judicial concluyó definitivamente a su favor y que no mantiene obligación alguna con la Municipalidad de San Carlos.
Según explicó, el 1.º de agosto de 2016 la Municipalidad presentó un proceso de lesividad en su contra, bajo el expediente 16-007388-1027-CA, con el objetivo de reclamar judicialmente las sumas canceladas por concepto de prohibición.
Chacón indicó que ejerció su derecho de defensa y sostuvo durante el proceso que los pagos fueron recibidos de buena fe, confiando en la legalidad de los actos administrativos que autorizaron ese beneficio.
Además, señaló que mediante la sentencia N.° 52-2021-VI, del 29 de abril de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, declaró sin lugar la demanda presentada por la Municipalidad.
Posteriormente, agregó que la Municipalidad interpuso un recurso ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue rechazado mediante la sentencia 000741-A-S1-2023, del 24 de mayo de 2023, dejando firme la resolución.
En su derecho de respuesta, Chacón manifestó:
“Demostré mi actuación correcta al amparo de la buena fe, al recibir el pago de prohibición. El proceso concluyó definitivamente y no procedí a reintegrar suma alguna.”
Asimismo, sostuvo que cualquier publicación que omita esos fallos judiciales resulta incompleta y puede afectar su honor y reputación.
Un proceso que se arrastra desde hace más de una década
Jenny Chacón Agüero ocupó el cargo de vicealcaldesa entre 2011 y 2015. En declaraciones brindadas años atrás a este medio, calificó el proceso como “doloroso y desgastante”, al considerar que el error administrativo fue cometido por otros funcionarios y no por ella.
“Pregunten al Contencioso Administrativo qué ha pasado con esto, no a mí. Yo estoy dispuesta a devolverlo con mi salario de pensión de educadora”, manifestó en ese momento.
También aseguró que no dispone de ese dinero, pues afirmó que fue invertido años atrás en la construcción de su vivienda.
La exfuncionaria ha insistido en diversas ocasiones en que, cada vez que el caso vuelve a discutirse públicamente, resurgen señalamientos que, a su criterio, carecen de fundamento.
El origen de la controversia
El monto cuestionado corresponde a un sobresueldo equivalente al 65% del salario base, reconocido bajo la figura de dedicación exclusiva o prohibición para el ejercicio de profesión liberal.
Sin embargo, la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Carlos concluyó que dicho pago fue improcedente, al determinar que Jenny Chacón era pensionada del sector docente y que esa condición no la hacía acreedora del incentivo bajo la normativa vigente.
Advertencias internas y acciones judiciales
Los antecedentes del caso se remontan al año 2016, cuando la entonces directora del Departamento Jurídico Municipal, María Gabriela Gutiérrez, remitió un informe al entonces alcalde Alfredo Córdoba advirtiendo la presunta irregularidad en el pago y recomendando iniciar un proceso de lesividad.
Como consecuencia, la Municipalidad presentó la demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.
El 18 de septiembre de 2018, un tribunal ordenó a la Municipalidad iniciar los procedimientos administrativos para establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios que autorizaron el pago y solicitó al entonces alcalde rendir un informe sobre las acciones emprendidas.
Posteriormente, el 25 de octubre de ese mismo año, Alfredo Córdoba presentó un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, alegando supuestas violaciones procesales.
Años después, el expediente continuó su trámite judicial hasta que, según la versión de Jenny Chacón, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda y posteriormente la Sala Primera dejó firme esa decisión en 2023.
Señalamientos sobre actuaciones administrativas
Durante la tramitación del expediente también trascendió que funcionarios municipales habían advertido previamente sobre la improcedencia del pago.
Entre ellos figura la entonces directora de Recursos Humanos, Yajaira Carvajal, quien recomendó no reconocer el beneficio por considerar que la condición de pensionada docente impedía el otorgamiento de la dedicación exclusiva.
Asimismo, la asesora legal Alejandra Bustamante recomendó en 2016 promover la demanda de lesividad al considerar que existía un eventual perjuicio patrimonial para la Municipalidad.
Nuevo informe solicitado por el Concejo
Con la moción conocida esta semana, los regidores buscan conocer cuál es el estado jurídico actual del caso y cuáles acciones ha realizado la Municipalidad tras las resoluciones judiciales.
La discusión también pretende aclarar si existe algún mecanismo legal pendiente para recuperar recursos municipales o si, por el contrario, el proceso quedó definitivamente concluido con las sentencias citadas por la exvicealcaldesa.
El caso, que ha permanecido en discusión durante más de una década, vuelve así a la agenda del Concejo Municipal, donde ahora el Departamento Jurídico deberá explicar el alcance de las actuaciones realizadas, el estado del expediente y las consecuencias legales de las resoluciones emitidas por los tribunales.
