El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se intensificó este fin de semana luego de la resolución de la Sala Constitucional sobre el nombramiento de magistrados suplentes. El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió en una entrevista con CNN que existe una “escalada” del Gobierno contra el Poder Judicial y aseguró que el discurso oficial se ha recrudecido tras consolidar una mayoría en la Asamblea Legislativa.
Según Díaz, la presidenta Laura Fernández y el expresidente Rodrigo Chaves han elevado el tono de sus manifestaciones públicas, llegando incluso a calificar como un “golpe de Estado” la resolución emitida por la Sala Constitucional. A criterio del jerarca del Ministerio Público, estas declaraciones buscan desacreditar al Poder Judicial y aumentar la presión sobre las instituciones encargadas de impartir justicia.
El fiscal general también afirmó que detrás de esta estrategia política se encuentra el expresidente Rodrigo Chaves, a quien atribuyó un papel determinante en la conducción de la línea política y del discurso del actual Gobierno.
La tensión aumentó aún más luego de que el diputado Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, diera a entender que la bancada chavista no acataría las resoluciones de la Sala Constitucional. Sus declaraciones provocaron reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos, que advirtieron que desconocer los fallos del máximo tribunal constitucional representa un serio cuestionamiento al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes.
Juristas recordaron que las resoluciones de la Sala Constitucional son de acatamiento obligatorio y que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece sanciones para quienes incumplan las órdenes emitidas por ese tribunal.
Las declaraciones del fiscal general y del jefe de la fracción oficialista reflejan el creciente clima de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un momento de alta tensión institucional tras el reciente fallo de la Sala IV.
