Sala IV ordena solución para aguas residuales en Urbanización Don Chú de Upala
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Salud, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Municipalidad de Upala coordinar y ejecutar, en un plazo máximo de seis meses, una solución integral y definitiva al problema de aguas residuales que afecta a unas 240 familias de la Urbanización Don Chú.
La decisión se tomó tras declarar con lugar un recurso de amparo presentado por la exdiputada Priscilla Vindas Salazar y la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en representación de las familias afectadas.
El Tribunal determinó que durante varios años existió una respuesta institucional insuficiente y falta de coordinación para atender una problemática que representa riesgos ambientales y para la salud pública.
El caso comenzó a documentarse al menos desde 2020, cuando el Área Rectora de Salud de Upala constató que aguas residuales provenientes de viviendas, principalmente de pilas, lavadoras y duchas, eran descargadas en caños públicos y posteriormente llegaban al sistema de alcantarillado pluvial. También se reportaron malos olores en las cercanías de las viviendas.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud emitió en 2021 tres órdenes sanitarias dirigidas a la Municipalidad de Upala, el Concejo Municipal y el AyA, con el objetivo de que se estableciera un plan para instalar y poner en funcionamiento un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales.
Aunque las instituciones presentaron documentación y realizaron algunas gestiones, la Sala concluyó que las medidas no fueron ejecutadas completamente y que la problemática continuó.
El Tribunal también cuestionó la actuación del AyA, debido a que, pese a sostener que la responsabilidad correspondía a la Municipalidad, la institución había recibido una orden sanitaria y tenía el deber de coordinar con las demás entidades para procurar una solución.
Respecto al Ministerio de Salud, la Sala reconoció las acciones realizadas, pero señaló que faltó un seguimiento más contundente para garantizar el cumplimiento de las órdenes sanitarias, cuyos plazos habían vencido desde 2021.
Como parte de la sentencia, Salud deberá mantener un seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes sanitarias y adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento. Además, tendrá un mes para atender dos denuncias relacionadas con la problemática y comunicar sus resultados.
Mientras se concreta la solución definitiva, Salud, AyA y la Municipalidad deberán actuar de manera inmediata, conjunta y coordinada para prevenir afectaciones a la salud de los habitantes de la Urbanización Don Chú.
La sentencia también condena al Estado, al AyA y a la Municipalidad de Upala al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que dieron origen al recurso. Los montos deberán establecerse posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Asociación Ditsö señaló además que, durante el proceso judicial, se documentó que los problemas con aguas residuales no se limitarían a la Urbanización Don Chú. En una reunión interinstitucional realizada en marzo de 2024 se habría indicado que la situación se presenta «básicamente en todo el distrito central» de Upala.
El caso corresponde al expediente 25-035396-0007-CO y tuvo como magistrado instructor a Jorge Araya García.
