El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, volvió a elevar este miércoles el tono de sus críticas contra el Poder Judicial y sus principales jerarcas, al asegurar que el fiscal general, Carlo Díaz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; y otros magistrados mantienen una actitud de confrontación hacia él y hacia el Gobierno.
Durante la conferencia de prensa, Chaves afirmó que desde el Poder Judicial se han emitido fuertes cuestionamientos en su contra e incluso recordó que algunos sectores lo han señalado como un supuesto dictador.
El jerarca también se refirió al plantón realizado en defensa de la independencia judicial y la división de poderes, actividad en la que participaron Aguirre, Díaz y otros funcionarios judiciales. Chaves ironizó sobre la manifestación y pidió un aplauso para quienes acudieron a la Plaza de la Democracia a defender los derechos de personas como Luis Diego Quesada Ramírez, alias “Panochita”, quien es investigado por varios hechos violentos en Cartago.
“Panochita” fue detenido luego de permanecer atrincherado en una vivienda en Cartago y disparar contra un agente del Organismo de Investigación Judicial. El OIJ lo vincula con varios homicidios recientes ocurridos en esa provincia. (La Teja?)
Disputa por el presupuesto
Uno de los principales puntos de la nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial es el presupuesto institucional.
Chaves insistió en que el Gobierno no es el que tiene la última palabra para aprobar una modificación presupuestaria del Poder Judicial, sino que corresponde a la Asamblea Legislativa conocer y votar las propuestas de ajuste.
El enfrentamiento se intensificó luego de que Hacienda anunciara una propuesta de reducción de aproximadamente ?23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, presentó un recurso de revocatoria, nulidad y una solicitud de medida cautelar contra la medida, al considerar que el recorte es unilateral, desmedido e ilegal.
La Corte Plena, además, autorizó a Aguirre a emprender acciones administrativas y legales para intentar impedir la reducción presupuestaria.
La disputa también provocó fuertes declaraciones del fiscal general Carlo Díaz, quien sostuvo que una reducción de recursos podría disminuir las capacidades del Ministerio Público y del OIJ para combatir al crimen organizado y cuestionó si detrás de la medida existe un intento por debilitar al Poder Judicial. (La Nación?)
Críticas a la manifestación
El plantón del 6 de agosto reunió a cientos de personas en los alrededores de la Plaza de la Democracia y la Avenida Segunda. La actividad fue convocada para defender la democracia, la independencia judicial y la división de poderes.
Durante la manifestación participaron jerarcas judiciales, entre ellos Carlo Díaz, Orlando Aguirre y el director interino del OIJ, Michael Soto, quienes fueron recibidos entre aplausos por los asistentes.
Chaves ha cuestionado reiteradamente este tipo de protestas y anteriormente aseguró que el Gobierno no permitiría que los plantones provocaran un cambio en sus decisiones presupuestarias, llegando a utilizar el término “plantoncitis” para referirse a estas manifestaciones. (Teletica?)
También arremetió contra magistrados
Durante sus declaraciones, Chaves cuestionó además la permanencia de magistrados en sus cargos y lanzó una crítica particularmente fuerte contra Catalino Aguirre, a quien señaló por querer mantenerse en el poder hasta una edad avanzada.
En tono sarcástico, el ministro afirmó que el magistrado pretendería permanecer en el cargo hasta los 91 años y posteriormente “ir a roncar a su oficina”.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, marcada por los cuestionamientos al presupuesto, la independencia de los poderes de la República, las investigaciones judiciales y las decisiones de la Corte.
El conflicto ha escalado en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas entre representantes del Gobierno y jerarcas judiciales. Mientras el Ejecutivo defiende los ajustes presupuestarios como parte de su política de disciplina fiscal, desde el Poder Judicial se advierte que una reducción significativa de recursos podría afectar servicios y capacidades de investigación y persecución del delito.
La confrontación mantiene abierto uno de los principales debates políticos del país: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en materia presupuestaria y cuáles son los límites constitucionales para garantizar la independencia del Poder Judicial.