#ColosalInforma | Pococí
Lo que estaba llamado a ser una jornada de inauguración y celebración terminó teniendo un inesperado “segundo capítulo”.
La delegación policial de Pococí, inaugurada apenas 24 horas antes por la presidenta de la República, Laura Fernández, fue allanada por agentes de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ, en conjunto con la Fiscalía.
Sí, leyó bien: un día se corta la cinta y al siguiente llegan los agentes judiciales con órdenes de allanamiento. Una inauguración bastante movida para una delegación que apenas estaba estrenando sus instalaciones.
El operativo forma parte de una investigación dirigida contra varios oficiales de la Fuerza Pública, quienes son señalados por su presunta vinculación con una estructura criminal relacionada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Las autoridades también ejecutaron acciones en otras delegaciones policiales de la zona. En Sarapiquí, fue detenido el jefe de operaciones, el oficial Héctor Ureña Araica, quien figura dentro de las pesquisas.
De acuerdo con la investigación, Ureña Araica habría facilitado información policial sensible a miembros de la organización criminal. Entre los supuestos receptores de esa información se menciona a Randall Delgado, alias “Mister Músculo”, quien murió abatido por la Policía durante un enfrentamiento registrado la noche de este martes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de los cuerpos policiales y, especialmente, el riesgo que representa que funcionarios encargados de combatir al crimen sean sospechosos de colaborar con estructuras delictivas.
Y mientras las autoridades judiciales avanzan con los allanamientos, queda una imagen difícil de ignorar: ayer inauguración oficial, discursos y fotografías; hoy cinta policial, allanamiento e investigación criminal.
Porque si algo quedó claro en Pococí es que la delegación no tuvo ni tiempo de quitarle el olor a pintura antes de recibir su primera visita importante de la Fiscalía y el OIJ.
Eso sí, conviene recordar que las personas investigadas mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras las autoridades determinan las responsabilidades correspondientes.