Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría detectado una presunta relación sentimental entre el juez penal de Pococí, Ricardo Valverde, y Gelen Arias, hermana de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, según los elementos incorporados al expediente judicial.
De acuerdo con la investigación, Arias habría sido beneficiada con medidas cautelares dentro de una causa relacionada con legitimación de capitales, proceso que estaba bajo conocimiento del propio juez Valverde.
El expediente también incorpora intervenciones telefónicas que, según los investigadores, revelarían comunicaciones frecuentes entre ambos. En algunas de ellas, presuntamente, el juez habría solicitado que Arias acudiera a su oficina en los Tribunales de Justicia de Pococí, donde habrían mantenido encuentros de carácter íntimo.
Siempre según la investigación, posteriormente Valverde le habría solicitado que enviara a una amiga a su oficina, bajo el argumento de que necesitaba recibir un masaje.
La pesquisa también señala otro episodio que involucraría al juez con una abogada. Según la información investigada, el funcionario le habría indicado que, si su clienta quería ganar el proceso, debía presentarse en su oficina para llegar a un supuesto acuerdo.
Las intervenciones telefónicas forman parte de los elementos que ahora son analizados por las autoridades y que podrían ser utilizados para determinar si existió un eventual abuso de la función judicial o intercambio de favores dentro de procesos penales.
En una de las conversaciones incorporadas a la investigación, Gelen Arias habría utilizado el término “ninfómano” para referirse al juez penal posteriormente detenido.
Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser establecidos ante las autoridades judiciales correspondientes. Corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar el alcance de las actuaciones atribuidas al funcionario y si estas constituyen delitos.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de funcionarios judiciales y, particularmente, la necesidad de preservar la independencia e imparcialidad de quienes tienen en sus manos decisiones que pueden afectar directamente la libertad y situación jurídica de personas investigadas por delitos graves.