San José — Lo que comenzó como un ajuste de tuercas fiscal en los pasillos de la Administración Central escaló a un fuerte choque institucional entre dos poderes de la República, cuyo primer episodio en sede administrativa ha llegado a su fin. El Ministerio de Hacienda dio un portazo definitivo a los reclamos formulados por la Corte Suprema de Justicia respecto al recorte proyectado en sus fondos, al declarar improcedente el recurso de revocatoria y la solicitud de medida cautelar impulsados por las autoridades judiciales.
La controversia tiene su origen en el oficio MH-DM-OF-0901-2026, mediante el cual el Despacho del Ministro de Hacienda comunicó una propuesta de ajuste técnico complementario que pretende reducir en ?23.721,7 millones el presupuesto del Poder Judicial (Título 301). La reacción de la Corte no se hizo esperar e interpuso una ofensiva legal intentando frenar la medida; sin embargo, la respuesta hacendaria, plasmada en la resolución MH-DM-RES-1022-2026 firmada este 2 de septiembre, fue contundente: el reclamo carece de sustento jurídico en esta etapa.
El argumento central del Ministerio radica en que dicha comunicación no es un acto administrativo firme ni una orden de retención de fondos que altere el presupuesto de forma inmediata. Se trata, según el fallo, de un simple «acto preparatorio» en el proceso de elaboración del proyecto de ley. Bajo esa premisa, Hacienda recalcó que el Despacho no ha tomado una decisión ejecutiva que pueda suspenderse ni ha invadido competencias, dado que la facultad exclusiva de modificar, aprobar o rechazar cualquier partida presupuestaria recae sobre los diputados.
Al no existir acto final susceptible de recurso ni ejecución administrativa alguna que suspender, no concurre el presupuesto de ninguna medida suspensiva: nada hay que suspender donde nada se ha decidido.»
Con la vía administrativa agotada, el expediente pasa ahora al escenario político. Los magistrados y las autoridades hacendarias deberán llevar sus argumentos a la Cuesta de Moras, donde el Congreso tendrá la última palabra sobre el destino de los recursos judiciales.