La solicitud planteada por el ministro de Justicia y Paz para investigar al fiscal general, Carlo Díaz, y a una fiscal adjunta generó un intenso revuelo político e institucional. La controversies surgió a raíz de la emisión de una alerta migratoria contra la diputada oficialista Pilar Cisneros, medida cautelar vinculada a la causa judicial en la que la legisladora figura como imputada por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El jerarca cuestionó las actuaciones del Ministerio Público y justificó su petición señalando la necesidad de determinar si la medida se emitió con apego a las competencias legales. No obstante, la acción fue percibida por diversos sectores como un nuevo intento de confrontación desde el Poder Ejecutivo hacia la Fiscalía, intensificando las tensiones institucionales.
Ola de críticas y rechazo popular
El descontento reflejado en las plataformas digitales evidencia cómo la discusión trascendió el ámbito técnico-jurídico, transformando la iniciativa del Ministerio de Justicia en un foco de desacrédito público en medio de las investigaciones por financiamiento político.