Exoficial de la Fuerza Pública será extraditado a EE. UU. por presuntos vínculos con red de narcotráfico

El costarricense Michael Corella Amador, alias “Rojo”, exoficial de la Fuerza Pública, será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

Corella, quien también se desempeñó como conductor policial en la zona fronteriza sur de Costa Rica, es señalado por las autoridades estadounidenses de mantener presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los señalamientos contenidos en la investigación estadounidense, el exfuncionario habría aprovechado sus conocimientos, contactos y experiencia en la zona fronteriza para colaborar con una organización dedicada al traslado de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

Las pesquisas lo relacionan con una estructura que presuntamente coordinaba el movimiento de toneladas de droga mediante distintas rutas y mecanismos logísticos. El expediente también habría identificado la posible participación de otros funcionarios policiales, lo que elevó la preocupación por eventuales infiltraciones del narcotráfico en cuerpos de seguridad.

Alias “Rojo” fue detenido en Costa Rica tras la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Desde entonces, permanecía recluido en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, mientras se desarrollaba el proceso judicial.

Ahora, las autoridades judiciales costarricenses autorizaron su entrega a Estados Unidos. El exoficial deberá ser trasladado a ese país para enfrentar el proceso penal por los cargos que se le atribuyen.

El caso ha cobrado especial relevancia debido al pasado de Corella como integrante de la Fuerza Pública, institución desde la cual desempeñó labores vinculadas con la seguridad y la vigilancia fronteriza.

Será ante los tribunales estadounidenses donde deberá responder por las acusaciones formuladas en su contra. Su responsabilidad penal aún deberá ser determinada mediante el proceso judicial correspondiente.