Laura Fernández lleva su cruzada política a Colombia: acusa al PLN y al FA de “alianza comunista” y al Poder Judicial de ser una “fábrica de impunidad” durante su primera gira internacional
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, realizó su primera visita oficial al exterior desde que asumió el cargo el pasado 8 de mayo. La mandataria viajó a Barranquilla, Colombia, para reunirse con su homólogo Abelardo de la Espriella, en una gira que Casa Presidencial calificó como de “urgencia” y centrada en la seguridad regional. Sin embargo, lo que estaba destinado a ser un encuentro bilateral enfocado en la lucha contra el narcotráfico se convirtió también en un escenario para que Fernández lanzara fuertes acusaciones contra actores políticos y judiciales de Costa Rica.
Una agenda marcada por la seguridad y acuerdos binacionales
La visita de Fernández a Colombia tuvo como eje principal el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad. La presidenta viajó acompañada por una comitiva de alto nivel que incluyó al ministro de Seguridad, Gerald Campos; el de Justicia, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.
El objetivo declarado era claro: estrechar filas para evitar que las organizaciones criminales expulsadas de Colombia se trasladen a Costa Rica. “Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá”, había declarado Fernández días antes de emprender el viaje. En una frase que repetiría en Barranquilla, la mandataria afirmó que la reunión era urgente para “que la basura de allá no se vaya a venir para acá”.
Tras el encuentro bilateral, ambos mandatarios pactaron cooperar en la “lucha contra el narcoterrorismo”. El acuerdo, cuyos detalles aún no se han revelado por completo, “profundizará la cooperación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y cooperación aérea y marítima”, según anunció De la Espriella. Los gobiernos acordaron una ruta de cooperación para enfrentar a organizaciones del crimen organizado y evitar que sus operaciones se trasladen entre ambos países.
Entre los acuerdos alcanzados también se incluyó el compromiso de Fernández de estudiar una posible modificación del requisito de visa que Costa Rica mantiene para ciudadanos colombianos. De la Espriella planteó avanzar hacia una reciprocidad migratoria, señalando que Colombia permite el ingreso de costarricenses sin visa, mientras Costa Rica exige visa consular a los colombianos con algunas excepciones. El presidente colombiano también solicitó a Fernández la suspensión del visado, a lo que la mandataria se comprometió a revisar el asunto.
Ambos líderes destacaron su afinidad en el marco del Escudo de las Américas, la coalición fundada por Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región. “A través de ese Escudo de las Américas vamos a articular las capacidades de nuestras naciones para proteger al hemisferio del crimen organizado transnacional”, afirmó De la Espriella.
El giro político: ataques al PLN, al FA y al Poder Judicial
Durante su conferencia de prensa posterior a la reunión bilateral, Fernández desvió su discurso hacia la política interna costarricense. Desde Barranquilla, la presidenta acusó al Partido Liberación Nacional (PLN) y al Frente Amplio (FA) de formar una “vergonzosa alianza comunista” opositora a su gobierno.
“Como el PLN y el Frente Amplio, que se han aliado en una vergonzosa alianza comunista opositora”, expresó la mandataria durante su intervención. Fernández añadió que ambos partidos colocan “los derechos de los delincuentes por encima de la vida” de las familias costarricenses.
No era la primera vez que la presidenta utilizaba ese término. En mayo, ya había tildado de “comunistas” y “vagabundos” a los diputados del PLN y el FA por oponerse al proyecto de ley de reforma eléctrica impulsado por su gobierno.
Las declaraciones desde Colombia generaron una rápida respuesta de la oposición. El secretario general del PLN, Miguel Guillén, rechazó las acusaciones y respondió con cifras de homicidios, recordando que Costa Rica pasó de 654 homicidios en 2022 a 905 en 2023, 876 en 2024 y 873 en 2025. Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, calificó las acusaciones como infundadas y cuestionó decisiones del Gobierno sobre seguridad y el presupuesto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Una fábrica de impunidad”: el Poder Judicial en la mira
Fernández también dirigió sus críticas hacia el Poder Judicial costarricense. Desde Barranquilla, la presidenta se refirió a la situación judicial del país y ha sostenido en múltiples ocasiones que “el crimen organizado está metido hasta el tuétano en el Poder Judicial”.
En una carta pública enviada al magistrado Jorge Araya García, Fernández enumeró al menos siete casos graves que, según su gobierno, evidencian la penetración del narcotráfico en el sistema judicial. Entre ellos mencionó el “Caso Talamanca”, donde se detuvo a un juez y un fiscal por colaborar con una banda narco, facilitando la impunidad y devolviendo bienes decomisados a un grupo criminal mediante resoluciones irregulares.
También citó el caso “Corruptela en Limón”, en el que un allanamiento condujo a la detención de técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez por supuestamente cobrar dinero a cambio de desestimar causas y alertar sobre futuros allanamientos. Asimismo, mencionó los casos “Paso Canoas” y “Sartra”, donde se registraron fugas de información desde el OIJ y tribunales de justicia, con detención de agentes operativos y técnicos por vender claves de acceso a sistemas informáticos confidenciales y alertar a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.
La presidenta también se refirió al caso del exmagistrado Celso Gamboa, extraditado a Estados Unidos por ser parte de una organización de narcotraficantes, y al caso “Madre Patria”, que describió como “una prueba irrefutable de esta penetración de la delincuencia organizada”.
La Corte Plena del Poder Judicial ha rechazado categóricamente estas afirmaciones y ha exigido a la presidenta presentar denuncias formales con pruebas. Magistrados han levantado la voz contra las acusaciones de corrupción formuladas por Fernández.
Un viaje con doble propósito
La gira de Fernández a Colombia, presentada oficialmente como una misión de urgencia para fortalecer la cooperación en seguridad, terminó convirtiéndose en una plataforma para que la mandataria proyectara su discurso de confrontación política interna más allá de las fronteras costarricenses. Los acuerdos en materia de narcotráfico e inteligencia quedaron opacados por las acusaciones contra el PLN, el FA y el Poder Judicial, que sin duda marcarán la agenda política de los próximos días en Costa Rica.