ZARCERO, COSTA RICA — Con el lema «Nuestro campo también construye el futuro», las organizaciones comunales y productivas de Zarcero acordaron articular una red de resistencia a nivel nacional frente al proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La iniciativa arrancará formalmente con el foro denominado «Fuerzas Vivas Zarcero», programado para el próximo 30 de setiembre de 2026 a las 5:00 p.m. en el Gimnasio Comunal de Laguna.
Este primer encuentro busca analizar el impacto directo del pacto comercial en las dinámicas socioeconómicas del cantón, con especial atención a las actividades lecheras, hortícolas y ganaderas. Las agrupaciones locales pretenden extender esta serie de foros hacia la zona de San Carlos y, posteriormente, a otras regiones productivas del país para conformar un frente unificado de discusión y presión ante la Asamblea Legislativa.
Implicaciones para el sector lechero y agrícola
El sector primario costarricense ha manifestado serias dudas respecto a las condiciones bajo las cuales se está gestionando el ingreso al CPTPP, argumentando distorsiones y desequilibrios frente a potencias agroexportadoras:
Asimetría competitiva: Países miembros del bloque como Nueva Zelanda y Australia poseen modelos de producción de lácteos y carne bovina a megaescala, con costos unitarios significativamente inferiores a los de las fincas nacionales.
Riesgo para el sector lácteo: Representantes de la Cámara Nacional de Productores de Leche y agrupaciones zonales advierten que una desgravación o ingreso masivo de derivados lácteos internacionales amenazaría la continuidad de fincas familiares y los más de 48.000 empleos directos e indirectos que sostiene esta cadena en el país.
Presión en precios agrícolas: La apertura a mercados agropecuarios con alta capacidad de volumen podría presionar a la baja los precios pagados al productor en hortalizas, tubérculos y carne, afectando la rentabilidad de las zonas rurales.
Exclusión en el proceso de negociación: Los gremios agrícolas señalan no haber tenido la participación requerida en la definición de las listas de exclusión o plazos de desgravación para proteger las actividades sensibles.