Robert Junior impulsa reforma para bajar pasajeros de los buses, aunque la Ley de Tránsito ya contempla facultades para retirar usuarios por conductas que afectan la seguridad.

Redacción | El Norte Hoy

El diputado oficialista Robert Junior, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó un proyecto de ley para facultar a los conductores de autobús a retirar pasajeros que interfieran con la conducción. La iniciativa, identificada con el expediente 25.790, pretende agregar una nueva causal al artículo 47 de la Ley de Tránsito.

La propuesta, sin embargo, abre una discusión sobre la necesidad de legislar nuevamente sobre conductas que ya están parcialmente reguladas por la legislación costarricense.

? ¿Una nueva ley para algo que la ley ya contempla?

El artículo 47 de la Ley N.° 9078 establece diferentes circunstancias en las que se puede impedir el ingreso o solicitar el retiro de pasajeros de una unidad de transporte público. Entre ellas figuran el consumo de alcohol o drogas dentro del vehículo, el porte de objetos peligrosos, la promoción de riñas, el lanzamiento de objetos y los daños o el uso inadecuado de los dispositivos de la unidad.

El proyecto de Robert Junior busca incorporar de manera expresa situaciones como el ingreso indebido a la zona del conductor, la manipulación de controles o dispositivos de seguridad sin autorización y la distracción del chofer cuando se ponga en riesgo la seguridad del autobús, sus ocupantes o terceros.

Es decir, la iniciativa no crea desde cero la facultad de retirar pasajeros por conductas inadecuadas. Lo que propone es añadir una causal específica relacionada con la interferencia directa en la conducción.

?? ¿Falta de legislación o falta de aplicación?

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la producción legislativa y el uso de los recursos de la Asamblea Legislativa. Si una conducta ya puede ser atendida mediante normas existentes, corresponde analizar si la reforma aporta una herramienta jurídica adicional, aclara una zona gris o simplemente repite disposiciones que ya están vigentes.

La crítica de que se trata de otro proyecto «nacido muerto», al estilo de iniciativas que terminan sin resultados concretos, es una valoración editorial y no un hecho que pueda darse por confirmado. El expediente 25.790 apenas inicia su trámite y todavía podría ser modificado, archivado o aprobado durante el proceso legislativo.

Lo que sí está documentado es que la iniciativa busca reformar el artículo 47 para incorporar una causal relacionada con la interferencia en la conducción. La discusión de fondo es si esa modificación resulta necesaria y qué diferencia jurídica tendría frente a las facultades que ya existen.

? 182 asesores y la responsabilidad legislativa

La referencia a una nómina de 182 asesores de la fracción oficialista debe verificarse con los registros oficiales de la Asamblea Legislativa antes de presentarla como un dato definitivo. Si se confirma, también puede formar parte de una discusión pública sobre la asesoría técnica disponible para los diputados, la revisión de la legislación vigente y la calidad de las propuestas que llegan al plenario.

La función de un legislador no se limita a presentar proyectos de ley. También implica estudiar las normas existentes, identificar vacíos legales y justificar por qué una reforma es necesaria.