Una encuesta del Idespo-UNA revela que solo un 36,10% de la población respalda la posición del Gobierno de permitir la minería en Crucitas. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para regular la actividad, la Sala IV condena la inacción estatal, el crimen organizado extrae oro por valor de $252 millones al año y más de 200 toneladas de mercurio contaminan los ríos de la región.
Una opinión pública que no acompaña al Gobierno
La encuesta “Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional”, realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), arrojó un dato contundente: solo un 36,10% de las personas encuestadas está de acuerdo con la posición del Gobierno de permitir la minería a cielo abierto en Crucitas. Esto significa que casi dos de cada tres costarricenses rechazan la iniciativa oficial, una proporción que supera el 60% de la población consultada.
El Ejecutivo impulsa el proyecto de ley “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982” (Expediente 24.717). La iniciativa fue dictaminada de manera afirmativa en la Comisión de Alajuela el 10 de setiembre de 2025 y posteriormente retrotraída a la Comisión de Ambiente, donde se tramitan 644 mociones presentadas por diputados de oposición.
La reforma autorizaría la minería de oro a cielo abierto en todo el distrito de Cutris, que abarca 84.800 hectáreas —una extensión superior a la de todo el cantón central de San José— y propone que la empresa concesionaria pague un canon minero al Estado de apenas un 5% de las ventas brutas anuales del oro extraído. Un 72% de esos ingresos irían a la Caja Única del Estado, un 25% para la Municipalidad de San Carlos y un 3% para las asociaciones de desarrollo integral del cantón.
Contaminación química: mercurio, cianuro y arsénico en los ríos
El daño ambiental documentado en Crucitas no es una hipótesis. La Sala Constitucional, mediante el voto 2026-10560 del 23 de marzo de 2026, condenó al Estado y al AyA por la inacción de las instituciones durante varios años en esa zona y advirtió sobre “daños ambientales irreparables, contaminación de fuentes hídricas por mercurio y arsénico, pérdida de diversidad”. El fallo obliga a cinco instituciones —Ministerios de la Presidencia, Seguridad, Ambiente y Salud, además del AyA— a ejecutar acciones urgentes, incluyendo presencia policial permanente e indefinida y un plan de saneamiento.
La contaminación por mercurio es especialmente grave. El Colegio de Geólogos advirtió que más de 200 toneladas de mercurio han sido utilizadas en la zona, junto con 300 piletas con cianuro de sodio, excavaciones que facilitan la filtración de contaminantes hacia los acuíferos, deforestación y erosión activa. Un estudio del Centro de Gestión y Control de Riesgos estimó que, desde 2017, se extrajeron entre $1.300 y $2.000 millones en oro, utilizando métodos que requieren mercurio y cianuro de sodio.
El Ministerio de Seguridad confirmó la existencia de 119 lagunas tóxicas en el sector de Conchuditas, donde los coligalleros mezclan el material extraído con cianuro o mercurio para separar el oro. El ministro Mario Zamora describió estas estructuras como “pequeñas piscinas” de aproximadamente tres a cuatro metros por lado, construidas con madera, plástico y tubería, donde el material se mezcla con químicos para diferenciar la tierra del oro.
Las consecuencias para las comunidades son tangibles. La Sala IV ordenó al AyA continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas —Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Robe y Chamorro— mientras permanezca el riesgo de contaminación, y le dio un plazo de 18 meses para concluir el proyecto integral de abastecimiento de agua potable en esas comunidades. El fallo judicial señala que hay ríos contaminados con arsénico y mercurio, graves daños ambientales, pérdida de biodiversidad y falta de agua potable para las comunidades afectadas.
Robo de oro: $252 millones anuales y una ruta hacia Nicaragua
El impacto económico del saqueo es igualmente devastador. El Gobierno de la República ha advertido que Costa Rica pierde 1 millón mensual en operativos para intentar frenar la actividad minera irregular.
La exdiputada Pilar Cisneros elevó aún más la cifra y calculó que el robo acumulado asciende a $2.000 millones desde que comenzó la explotación ilegal a gran escala. El estudio del Centro de Gestión y Control de Riesgos citado por Diario Extra refuerza esta estimación: entre $1.300 y $2.000 millones extraídos desde 2017.
El oro no se queda en Costa Rica. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estructuras criminales locales y extranjeras han profesionalizado la actividad. Los coligalleros —muchos de ellos nicaragüenses en situación migratoria irregular— extraen el material en Crucitas y el cerro Conchuditas, lo transportan por senderos clandestinos que desembocan en el río San Juan y lo introducen en territorio nicaragüense, donde es procesado y comercializado. El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que “hay pequeños grupos, pero nos da la impresión de que está más orientado a una o varias estructuras criminales que contratan a estas personas para extraer la amalgama y luego, mediante otros procedimientos usando cianuro u otro químico, procesarla en otro lugar”.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, confirmó que el objetivo del país es “evitar que el oro costarricense sea transportado por el río San Juan”, y anunció reuniones binacionales con Nicaragua para abordar la problemática. Mientras tanto, las autoridades han destruido 114 túneles, algunos de más de 60 metros de profundidad, utilizados para llegar directamente a las vetas. Solo en lo que va del año, casi 600 personas han sido detenidas en operativos contra la minería ilegal.
El debate legislativo: 644 mociones y un proyecto en el limbo
El proyecto 24.717 enfrenta una resistencia férrea en la Asamblea Legislativa. La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, manifestó su rechazo al plan y advirtió que “no resuelve los problemas ambientales ni la falta de control estatal”. El diputado oficialista Jorge Rojas reconoció que la iniciativa no busca resolver la pobreza en la zona.
El Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) sugirió a los diputados no aprobar el proyecto, señalando la ausencia de un diagnóstico técnico y legal confiable y alertando por una “desproporcionalidad territorial” en la delimitación de las 84.800 hectáreas. El informe de APREFLOFAS (Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre) alertó sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN, y enfatizó que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
El análisis económico tampoco respalda la viabilidad fiscal del proyecto. Un estudio de decisión publicado en ScienceDirect calculó que la remediación de los daños ambientales acumulados en Crucitas tendría un pasivo bruto de 336,1 millones, una reducción de solo $71,9 millones respecto al escenario base, lo que deja un déficit fiscal considerable.
La ruta del oro y el crimen organizado
El control del territorio por parte de redes criminales es quizás el aspecto más preocupante de la crisis. Según el OIJ, las mafias que operan a ambos lados de la frontera financian y reclutan a los güiriseros, quienes trabajan de noche y se ocultan de día. Los sacos con sedimentos auríferos son comprados por empresas mineras de origen chino instaladas en la zona fronteriza de Nicaragua, según denunció el ministro Zamora ante la Asamblea Legislativa.
Episodios recientes incluyen la prisión preventiva de 18 oreros, en su mayoría extranjeros, y casos de tentativa de homicidio asociados a disputas por yacimientos y deudas. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate una reforma que convierte la minería ilegal en un delito de crimen organizado, aumentando en un 50% las penas de cárcel para bandas dedicadas a delitos ambientales y permitiendo penas de hasta seis años de prisión.
El avance de la minería ilegal ha sido explosivo. Según el Ministerio de Seguridad, solo en 2025 la devastación en la zona de Cutris pasó de 900 a 3.000 hectáreas. El Colegio de Geólogos advierte que el área de impacto podría alcanzar hasta 10.000 hectáreas si no se toman medidas urgentes.
Conclusión: entre la emergencia ambiental y el debate político
Crucitas se ha convertido en el epicentro de una crisis que combina contaminación química, deforestación, pérdida de biodiversidad, robo de recursos naturales, crimen organizado transnacional y una profunda división política. Mientras el Gobierno argumenta que la regulación de la minería permitiría recuperar el control estatal y canalizar recursos hacia el desarrollo local, la evidencia científica y judicial documenta daños ambientales de difícil o imposible reparación.
La encuesta del Idespo confirma que la ciudadanía no respalda la ruta elegida por el Ejecutivo: solo un 36,10% está de acuerdo con permitir la minería a cielo abierto. La Sala Constitucional ha condenado al Estado por su inacción. El OIJ ha documentado la penetración del crimen organizado. Y los estudios económicos muestran que el royalty del 5% es insuficiente para cubrir los costos de remediación.
El proyecto 24.717 sigue en la Comisión de Ambiente, con 644 mociones pendientes y una oposición que considera que la minería a cielo abierto no es la solución, sino la perpetuación de un modelo que ya ha demostrado ser ambiental, social y fiscalmente insostenible.