La presidenta aseguró que no negociará con lo que calificó como “terroristas políticos” y vinculó el conflicto por el financiamiento universitario con el rechazo a la Ley de Armonización Eléctrica. También atribuyó parte de la reducción de los ingresos estatales a cambios en el cobro del marchamo.
La presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó fuertes críticas contra diputados del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional (PLN), a quienes acusó de intentar presionarla para que destinara más recursos a las universidades públicas a cambio de apoyar la Ley de Armonización Eléctrica.
Fernández afirmó que no está dispuesta a negociar bajo esas condiciones y recurrió a la expresión “terroristas políticos” para referirse a quienes, según su versión, pretendían condicionar sus votos legislativos a una asignación presupuestaria.
“Yo no me vendo y nadie me extorsiona con esas viejas mañas”, fue el mensaje que transmitió la mandataria al cuestionar las prácticas que atribuye a los partidos tradicionales.
La gobernante sostuvo que los tiempos políticos de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana quedaron atrás. Además, afirmó que el PLN y el Frente Amplio mantienen posiciones similares en este conflicto.
Acusa a diputados de perjudicar al país
Fernández responsabilizó a los legisladores que se oponen a la iniciativa eléctrica de perjudicar al país y a las futuras generaciones, al considerar que la falta de aprobación de la ley podría limitar oportunidades para generar nuevos empleos y mejorar su calidad.
La discusión enfrenta dos asuntos de relevancia nacional: el financiamiento de las universidades públicas y los cambios propuestos para el sector eléctrico. Sin embargo, la acusación presidencial sobre un supuesto intento de extorsión corresponde a la versión de la mandataria y requiere contrastarse con la respuesta de los diputados señalados.
Gobierno atribuye recorte presupuestario a menores ingresos
Por otra parte, Fernández sostuvo que Costa Rica atraviesa una situación fiscal difícil debido a una disminución de los ingresos nacionales, circunstancia que, según explicó, incide en las decisiones de recorte presupuestario.
La presidenta relacionó esa reducción con los cambios en el monto del marchamo, el impuesto a la propiedad de los vehículos que se cobra anualmente, y responsabilizó a decisiones adoptadas durante administraciones anteriores, particularmente las vinculadas con Liberación Nacional y el Frente Amplio.
El argumento del Gobierno coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre la recaudación tributaria, las decisiones sobre el presupuesto público y el financiamiento de servicios e instituciones estatales.
Para determinar el impacto real de los cambios en el marchamo sobre las finanzas públicas, resulta necesario contrastar las declaraciones presidenciales con las cifras oficiales de recaudación, la ejecución presupuestaria y los datos del Ministerio de Hacienda.
La controversia abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y sectores de la oposición legislativa, en medio de las diferencias sobre la inversión en educación superior, la política fiscal y la reforma del sector eléctrico.