Investigación publicada en la revista Environment International identifica una mayor intensidad de uso en el Caribe, especialmente en zonas dedicadas al banano y la piña, y advierte que varios indicadores de peligrosidad para organismos acuáticos empeoraron.

Costa Rica utiliza un promedio estimado de 21,91 kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por hectárea de cultivo al año, según una investigación científica publicada en la revista internacional Environment International. El estudio también identificó que la peligrosidad de estas sustancias no disminuyó de manera consistente durante el período analizado y que varios indicadores relacionados con los efectos sobre organismos acuáticos mostraron un deterioro.

El artículo, titulado Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global model interpolation in tropical agriculture, fue elaborado por Soledad Castro-Vargas, de la Universidad de Zúrich; Santiago Álvarez-Fernández, investigador independiente, y Ryan E. Galt, de la Universidad de California en Davis.

La publicación científica apareció en línea el 22 de agosto de 2026 y forma parte del volumen 215 de la revista. .

La cifra cambia según la superficie agrícola considerada

Al considerar ambas superficies, los investigadores estimaron un promedio de 11,07 kilogramos por hectárea al año, cifra similar a los 11,04 kilogramos reportados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Uno de los principales hallazgos es la diferencia entre el promedio calculado exclusivamente para tierras de cultivo y el indicador que incluye también los pastos manejados.

Sin embargo, los pastos representaron aproximadamente la mitad de la superficie incluida en el modelo y registraron un uso estimado considerablemente menor: 1,04 kilogramos por hectárea.

Cuando los investigadores excluyeron los pastos y analizaron únicamente las tierras de cultivo, el promedio aumentó a 21,91 kilogramos por hectárea al año.

Por eso, la diferencia entre ambas cifras no significa necesariamente que las estadísticas oficiales hayan omitido plaguicidas. El resultado depende, en buena medida, de la superficie utilizada para calcular el promedio.

La nueva estimación también se ubica por debajo de los 34,45 kilogramos por hectárea atribuidos a Costa Rica en estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque las cifras no son directamente equivalentes debido a diferencias metodológicas y períodos de referencia.

Banano y piña concentran parte importante del uso

El análisis identificó diferencias marcadas entre cultivos. El banano registró la mayor intensidad promedio estimada, con 78,88 kilogramos de ingredientes activos por hectárea al año.

Le siguieron la piña, el arroz, el tomate y la papa.

En el caso del banano, el modelo estimó que el uso aumentó de 60,68 kilogramos por hectárea en 2012 a 103,95 kilogramos en 2024.

La provincia de Limón también destacó por sus niveles de utilización. El promedio provincial estimado alcanzó 35,77 kilogramos por hectárea al incluir los pastos y aproximadamente 57,5 kilogramos al considerar únicamente las tierras de cultivo.

Los autores relacionaron estos resultados con la concentración de cultivos de exportación, particularmente plantaciones de banano y piña, en la región Caribe.

Estas cifras son estimaciones construidas mediante un modelo y no mediciones directas realizadas en cada finca. Por ello, permiten identificar tendencias y diferencias territoriales, pero no describen necesariamente la cantidad aplicada en una plantación específica.

Cuatro ingredientes activos concentran alrededor de la mitad del volumen

La investigación determinó que cuatro ingredientes activos representaron conjuntamente cerca del 51% de la cantidad anual estimada de plaguicidas utilizados en el país.

Se trata del mancozeb, un fungicida; el glifosato, un herbicida; el diazinón, un insecticida, y el etoprofos, un nematicida utilizado para combatir determinados organismos que afectan las raíces de los cultivos.

El mancozeb fue el de mayor participación, con aproximadamente el 36% de la cantidad anual promedio estimada.

El equipo examinó las características de peligrosidad de 275 ingredientes activos y encontró que los 32 que concentraron el 90% del uso estimado presentaban peligrosidad alta en al menos una de las categorías evaluadas.

Los investigadores también advirtieron que la incorporación de ingredientes activos nuevos al mercado no implica necesariamente una reducción de los efectos potencialmente dañinos de los productos utilizados.

Empeoran algunos indicadores de peligrosidad ambiental

El estudio identificó tendencias distintas según el efecto analizado. Algunos indicadores mejoraron, otros no registraron cambios estadísticamente significativos y varios empeoraron, particularmente los relacionados con la ecotoxicología acuática.

Los indicadores vinculados con el potencial cancerígeno, las alteraciones endocrinas y la toxicidad aguda por contacto con la piel comenzaron en niveles elevados y no mostraron mejoras estadísticamente significativas durante el período estudiado.

En contraste, algunas características relacionadas con el comportamiento de las sustancias en el ambiente, como su movilidad y su comportamiento en el agua o el suelo, mostraron mejoras generalmente pequeñas.

Es importante distinguir entre peligrosidad y riesgo. La primera se refiere a la capacidad de una sustancia para causar efectos adversos; el segundo depende también de la exposición, las dosis, las condiciones de aplicación y las características del entorno.

Por tanto, los resultados no demuestran por sí solos cuántas personas han enfermado por exposición a plaguicidas ni cuantifican directamente los daños ocasionados en ecosistemas específicos.

Una base de datos con más de 71.000 registros

Para desarrollar el análisis, los investigadores construyeron la Base de Datos Integrada de Plaguicidas de Costa Rica (CRIPD), mediante la integración de información sobre importaciones, exportaciones, productos registrados y superficies agrícolas.

La base reunió más de 71.000 registros comerciales del Servicio Fitosanitario del Estado y otras fuentes oficiales. Según la información divulgada durante la presentación del trabajo, el cruce con datos del Ministerio de Hacienda permitió corregir más de 30.000 errores, entre ellos duplicaciones y cantidades digitadas incorrectamente.

A partir de esos datos, el equipo estimó las cantidades de ingredientes activos que permanecieron en el país y distribuyó su uso entre cultivos mediante información sobre productos autorizados, dosis, frecuencia de aplicación y áreas cultivadas.

El método tiene limitaciones. Entre sus supuestos figura el uso de dosis máximas y frecuencias contempladas en los registros, condiciones que no necesariamente corresponden a todas las prácticas agrícolas. Además, para estimar la distribución geográfica se utilizó información del censo agropecuario de 2014, que no refleja todos los cambios posteriores en la ubicación de los cultivos.

Los autores también señalaron que faltan datos toxicológicos suficientes para determinados organismos de ambientes tropicales, incluidos invertebrados acuáticos. En algunas categorías, la información disponible no cubre sustancias que representan hasta el 31% de la cantidad estimada utilizada.

Recomiendan mejorar la vigilancia ambiental

Entre las recomendaciones de la investigación figura publicar por separado los indicadores de uso de plaguicidas en cultivos y pastos, con el propósito de facilitar comparaciones transparentes y metodológicamente equivalentes.

Los autores también proponen desarrollar registros públicos más detallados sobre las aplicaciones por cultivo y región, además de fortalecer el monitoreo ambiental y los estudios de exposición humana.

La región Caribe, particularmente las zonas donde predominan las plantaciones de banano y piña, aparece como un área prioritaria para profundizar las investigaciones.

Los resultados cobran relevancia ante la meta mundial de reducir para 2030 el riesgo asociado con los plaguicidas y las sustancias químicas altamente peligrosas, establecida en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

El estudio plantea que contar con información más precisa permitiría evaluar mejor las tendencias, identificar concentraciones de uso que los promedios nacionales pueden ocultar y orientar medidas para reducir los posibles impactos ambientales y sanitarios.

La principal conclusión es que medir cuánto plaguicida se utiliza constituye solo una parte del problema: también es necesario conocer qué sustancias se aplican, dónde se utilizan, qué peligros presentan y cuál es la exposición real de las personas y los ecosistemas.