David Quintana, comunicador exiliado en Costa Rica y reportero de Ticavisión, planteó que la presidenta Laura Fernández ordene disparar contra nicaragüenses que ingresan a la zona minera. Sus declaraciones reabren el debate sobre la minería ilegal, la xenofobia y los límites del uso de la fuerza estatal.

El periodista nicaragüense David Quintana, exiliado en Costa Rica desde 2021 y actualmente reportero del medio Ticavisión, generó controversia tras proponer que la presidenta costarricense, Laura Fernández, ordene disparar a matar contra ciudadanos nicaragüenses que ingresan a Crucitas, en Cutris de San Carlos, para extraer oro de manera ilegal.

La declaración fue realizada durante una transmisión en vivo por TikTok, en medio de una discusión sobre la presencia de extranjeros en las actividades de minería ilegal y los señalamientos de xenofobia relacionados con esta problemática.

«Por eso yo opino que la presidenta, doña Laura, debería de disparar a matar a los nicaragüenses que se meten ahí a Crucitas, porque eso es robar tus cosas», manifestó Quintana durante la transmisión.

El comunicador insistió en su posición al afirmar: «Ningún carajo extranjero tiene que venir a destruir nada a tu país», y comparó la situación con lo que, según su criterio, ocurre en Francia bajo las políticas de su presidente.

Las expresiones provocaron cuestionamientos por la naturaleza de la respuesta que propone contra quienes participan en la extracción ilegal de oro. El planteamiento no se limita a exigir acciones contra una actividad delictiva, sino que propone el uso de fuerza letal contra personas identificadas por su nacionalidad.

De denunciar la represión en Nicaragua a plantear el uso de fuerza letal

Quintana es conocido por su trabajo al frente de Boletín Ecológico, un medio digital nicaragüense desde el cual abordó temas ambientales, denuncias de interés público y asuntos relacionados con la realidad política de su país.

Su trayectoria quedó marcada por la crisis sociopolítica que comenzó en Nicaragua en abril de 2018, cuando inició la cobertura de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y de la represión denunciada durante aquellos acontecimientos.

En ese contexto, el periodista denunció amenazas, hostigamiento y presiones vinculadas con su labor informativa. En marzo de 2019 trascendió que agentes policiales habían mantenido vigilancia y preguntado por él en la vivienda de un familiar.

Posteriormente, enfrentó un proceso judicial por calumnias y, en julio de 2021, confirmó que había decidido abandonar Nicaragua para evitar ser detenido, después de recibir amenazas que atribuyó a simpatizantes del régimen de Ortega y Rosario Murillo.

Desde su llegada a Costa Rica continuó ejerciendo el periodismo y, según la información aportada sobre su trayectoria reciente, trabaja actualmente para Ticavisión.

Su experiencia como comunicador que denunció presiones contra la prensa en Nicaragua contrasta ahora con la polémica generada por sus declaraciones sobre el uso de armas contra personas involucradas en la minería ilegal en territorio costarricense.

Crucitas: un problema ambiental y de seguridad

La controversia se produce en medio de la crisis que enfrenta Crucitas, en Cutris de San Carlos, donde la extracción ilegal de oro ha provocado graves afectaciones ambientales, entre ellas deforestación, excavaciones, remoción de suelos y alteraciones del terreno.

La actividad también genera preocupación por los posibles efectos de sustancias utilizadas en los procesos de extracción y por los riesgos de contaminación de suelos y fuentes de agua. A estos problemas se suman las dificultades para controlar el ingreso de personas a las zonas intervenidas y combatir las redes que facilitan la minería clandestina.

Las autoridades costarricenses han desarrollado operativos para perseguir esta actividad, en la que participan personas de distintas nacionalidades, incluidos ciudadanos nicaragüenses que ingresan irregularmente al territorio nacional.

Sin embargo, la nacionalidad de quienes participan en estos hechos no convierte a una población extranjera en responsable colectiva de los delitos cometidos por individuos o grupos determinados.

¿Hasta dónde puede llegar la respuesta del Estado?

La discusión planteada por Quintana coloca en el centro un asunto fundamental: cómo enfrentar la minería ilegal sin convertir la nacionalidad de las personas en un criterio para justificar la violencia.

El Estado costarricense tiene la obligación de proteger el ambiente, resguardar sus fronteras, investigar los delitos y detener a quienes participan en actividades ilícitas. No obstante, las actuaciones policiales deben ajustarse a la legislación y a las normas que regulan el uso de la fuerza.

La fuerza letal no puede justificarse automáticamente por el ingreso irregular al país, el robo de recursos naturales o la participación en una actividad delictiva. Su eventual utilización está sujeta a condiciones estrictas de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme al marco jurídico aplicable.

De esta manera, la polémica trasciende la discusión sobre Crucitas y abre otro debate: si la lucha contra el saqueo de los recursos naturales debe concentrarse en una respuesta indiscriminada contra personas por su nacionalidad o en una estrategia efectiva para perseguir a los responsables, desarticular las redes que sostienen el negocio ilegal y recuperar las áreas afectadas.

La protección del patrimonio natural costarricense es una responsabilidad del Estado. La respuesta a la minería clandestina, sin embargo, debe distinguir entre combatir el delito y promover medidas que pongan en riesgo la vida de las personas al margen de los límites legales.