El Ministerio de Cultura y Juventud acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía para denunciar los daños ocasionados con pintura y grafitis en varios bienes patrimoniales durante una protesta estudiantil contra los recortes al presupuesto de las universidades públicas.

Los hechos ocurrieron el martes en la Plaza de la Democracia, en San José, donde estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) se manifestaron contra la reducción de recursos prevista para la educación superior pública en 2027.

Según informó la cartera, las afectaciones alcanzaron la base del monumento al expresidente José Figueres Ferrer, la fachada del antiguo Cuartel Bellavista y tres esferas precolombinas ubicadas frente a la Asamblea Legislativa.

La Dirección de Patrimonio Cultural y el Museo Nacional determinaron que la pintura cubrió aproximadamente el 90% de la base del monumento a Figueres Ferrer, así como los bordes del jardín que lo rodea. Sin embargo, aclararon que la estatua del exmandatario no resultó dañada.

Las denuncias fueron presentadas ante el OIJ y la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, con el propósito de que se investiguen los hechos y se determine quiénes participaron en los daños.

Limpieza bajo procedimientos de conservación

Las labores para retirar la pintura comenzaron el miércoles mediante técnicas especiales de conservación, con el fin de evitar un deterioro mayor de las superficies intervenidas.

Antes de iniciar los trabajos, los especialistas documentaron los daños mediante fotografías, material que fue incorporado como respaldo de las denuncias judiciales.

Durante la manifestación, los participantes escribieron la frase «Sin cultura no hay monumentos» en la base del monumento a Figueres Ferrer. También colocaron carteles y cubrieron algunas estructuras con bolsas plásticas negras.

La protesta se organizó en rechazo a los recortes aprobados por la Asamblea Legislativa al presupuesto destinado a las universidades públicas para 2027.

Ahora, las autoridades judiciales deberán investigar las afectaciones denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades por los daños ocasionados a los bienes patrimoniales.