FISCALÍA INVESTIGA A FINANCISTA DE LAURA FERNÁNDEZ POR PRESUNTOS PRÉSTAMOS GOTA A GOTA: SAN CARLOS ENFRENTA CRECIENTE PROBLEMA DE EXTORSIONES
La investigación que mantiene la Fiscalía de San Carlos contra el empresario ganadero Eric David Retana Alpízar, conocido como «Panamá», por presuntos delitos de extorsión cobratoria y amenazas agravadas, vuelve a poner bajo el foco uno de los fenómenos criminales que generan preocupación en la Zona Norte: los préstamos informales conocidos como «gota a gota».
De acuerdo con información publicada por el periódico La Nación, el empresario figura como investigado en una causa relacionada con supuestas actividades de crédito informal y métodos de cobro que habrían involucrado amenazas e intimidaciones.
El caso tiene además una dimensión política, debido a que Retana Alpízar aparece entre las personas que participaron en el financiamiento de la campaña presidencial de Laura Fernández.
Un negocio de dinero rápido que puede terminar en amenazas.
Por su parte, el medio digital CRHoy publicó anteriormente información sobre la participación del empresario en el financiamiento electoral. Según esas publicaciones, Retana Alpízar adquirió un certificado de cesión de deuda política por 1 millón de colones y también trascendieron cuestionamientos relacionados con la documentación solicitada para acreditar el origen de sus recursos.
Los préstamos «gota a gota» se caracterizan por ofrecer dinero prácticamente inmediato, sin mayores requisitos, fiadores ni estudios de capacidad de pago.
Sin embargo, detrás de esa aparente facilidad pueden esconderse intereses excesivos, cobros diarios y mecanismos de intimidación contra quienes no consiguen cancelar las cuotas exigidas.
En muchos casos, las personas comienzan solicitando cantidades relativamente pequeñas para atender emergencias económicas, cubrir gastos familiares o financiar actividades comerciales. El problema aparece cuando los intereses y las condiciones de pago convierten la deuda en una obligación prácticamente imposible de cancelar.
Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgado en Costa Rica en setiembre de 2025, identificó que los préstamos de esta modalidad suelen oscilar entre ?200.000 y ?350.000, con intereses que pueden superar el 20% semanal o mensual.
La investigación también identificó estructuras organizadas que distribuyen funciones entre propietarios del capital, colocadores del dinero, personal de apoyo y cobradores.
Cuando los deudores incumplen, algunas redes recurren a refinanciar las obligaciones con nuevos intereses, vender las deudas a otros grupos o utilizar amenazas, intimidación e incluso violencia física.
San Carlos no escapa a esta problemática
La Zona Norte también ha registrado investigaciones policiales relacionadas con esta modalidad.
En octubre de 2025, el OIJ detuvo en Aguas Zarcas a un hombre de apellidos Rojas, sospechoso de amenazar a un vecino por una deuda relacionada con supuestos préstamos gota a gota. La captura se realizó con apoyo de la Policía Municipal y bajo dirección funcional del Ministerio Público.
En junio de 2026, las autoridades ejecutaron un amplio operativo contra una organización criminal que operaba desde el sector de Los Ángeles de La Fortuna. Según informó el OIJ, el grupo investigado no solamente estaría relacionado con narcotráfico, amenazas y tentativas de homicidio, sino que también incursionaba en préstamos gota a gota y extorsiones.
En julio de ese mismo año, dos allanamientos en San Carlos y Siquirres permitieron detener a una mujer sospechosa de participar en una estructura vinculada con préstamos informales, intereses elevados y amenazas contra deudores.
Estos casos reflejan que la problemática no se limita a un conflicto entre prestamista y deudor, sino que puede estar vinculada con estructuras delictivas que utilizan la intimidación como mecanismo de cobro.
Las cifras nacionales reflejan la magnitud del fenómeno
El problema también tiene dimensiones nacionales.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgados por Diario Extra el 2 de noviembre de 2026, entre 2022 y el 15 de octubre de 2026 se contabilizaron 3.923 denuncias relacionadas con préstamos gota a gota y extorsiones cobratorias.
El año 2025 registró 935 denuncias, la cifra anual más alta de ese periodo. Además, para el 15 de octubre de 2026 ya se contabilizaban 840 casos.
El director interino del OIJ, Michael Soto, advirtió sobre la existencia de una importante cifra oculta de víctimas que no denuncian por temor a las represalias de quienes realizan los cobros.
El componente político del caso
La investigación contra Retana Alpízar también adquiere relevancia por las publicaciones de CRHoy sobre su participación en el financiamiento de la campaña de Laura Fernández.
El medio informó el 27 de enero de 2026 que el empresario adquirió un certificado de cesión de deuda política por ?1 millón para la campaña del Partido Pueblo Soberano.
Posteriormente, el 20 de febrero, CRHoy publicó que el empresario no había presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones el informe de solvencia económica solicitado para documentar el origen de los recursos utilizados en esa operación.
Se trata de antecedentes distintos de la investigación penal que ahora se conoce por los presuntos préstamos y amenazas, pero que explican el interés público que rodea el caso.
La investigación judicial deberá determinar si existieron las conductas denunciadas y quiénes serían responsables.
Mientras tanto, el crecimiento de los préstamos informales y las denuncias por cobros intimidatorios mantienen encendidas las alertas sobre la seguridad de los habitantes de San Carlos y otras comunidades de la Zona Norte.
Una advertencia importante: detrás de un préstamo que parece una solución inmediata puede terminar desarrollándose una situación de amenazas, extorsión y violencia.