Las denuncias también señalan presuntas violaciones a la intimidad, problemas en la atención médica, restricciones de comunicación con familiares y traslados sin criterios técnicos.

La entrada en funcionamiento del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) ya enfrenta una importante ofensiva judicial. La Sala Constitucional ha recibido 27 gestiones relacionadas con las nuevas condiciones penitenciarias y los procedimientos aplicados a las personas privadas de libertad trasladadas a ese establecimiento.

Los principales cuestionamientos tienen que ver con el corte obligatorio de cabello y barba, las posiciones corporales de sometimiento durante los operativos y la publicación de fotografías y videos de los reclusos sin su consentimiento.

De acuerdo con información suministrada por la Sala IV al medio AmeliaRueda.com, de las 27 gestiones presentadas, 16 corresponden a recursos de amparo y 11 a procesos de hábeas corpus.

Hasta el momento, 11 expedientes fueron admitidos para su estudio, otros 11 permanecen en proceso de admisibilidad, dos fueron declarados sin lugar y tres rechazados de plano.

La cantidad de reclamos refleja el nivel de controversia que rodea la implementación del nuevo modelo penitenciario impulsado por el Gobierno de Rodrigo Chaves y ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz, bajo la conducción del ministro Gabriel Aguilar.

Rapados, sometimiento y exposición pública

Entre los reclamos que llegaron a conocimiento de los magistrados figura la medida de cortar el cabello y la barba a los privados de libertad que ingresan al CACCO.

Los recurrentes cuestionan si estas medidas se aplican con consentimiento y bajo cuáles criterios, además de solicitar que se suspendan los cortes que consideran obligatorios y que se respete la dignidad de los internos.

Otro de los puntos más sensibles es la utilización de determinadas posiciones corporales durante las requisas y los procedimientos de ingreso al centro penitenciario.

También se cuestiona que el Ministerio de Justicia publique imágenes de los privados de libertad en sus redes sociales, al considerar que esa exposición podría vulnerar derechos relacionados con la intimidad, la imagen, la dignidad y la integridad personal.

Los reclamos no se limitan a esos aspectos. También incluyen denuncias sobre atención médica, comunicación con familiares, acceso a abogados defensores, condiciones de reclusión y decisiones de traslado.

Requisa en Puntarenas también llegó a la Sala IV

Uno de los recursos admitidos está relacionado con dos privados de libertad del CAI 26 de Julio, en Puntarenas, quienes fueron trasladados al CACCO después de una requisa ordenada por el Ministerio de Justicia.

El procedimiento adquirió notoriedad luego de que la propia cartera difundiera un video en el que aparece el ministro Gabriel Aguilar increpando a los reclusos.

En el recurso se denuncia que los internos fueron esposados, colocados boca abajo en el suelo y confrontados frente a otras personas privadas de libertad.

Además, se cuestiona la divulgación pública de las imágenes del operativo.

Otros expedientes admitidos señalan presuntos tratos intimidatorios, amenazas de traslado al CACCO, supuestas agresiones físicas, grabaciones sin autorización y atrasos en la resolución de quejas presentadas por los reclusos.

Incluso, una familiar denunció que se enteró del traslado de su esposo mediante noticias y videos publicados en redes sociales, sin recibir previamente una comunicación oficial de las autoridades penitenciarias.

Cuestionan privacidad en los servicios sanitarios

Entre los expedientes que todavía están bajo estudio destaca uno presentado por un abogado defensor de cuatro privados de libertad.

El representante cuestiona la aparente falta de puertas, mamparas o divisiones en los servicios sanitarios del CACCO, situación que, según argumenta, podría dejar expuestos a los internos durante sus necesidades fisiológicas y actividades de higiene personal.

El recurso advierte sobre posibles afectaciones a la intimidad, la dignidad y la integridad de las personas recluidas.

También se mantienen gestiones que cuestionan los criterios técnicos utilizados para decidir quién debe permanecer en un régimen de alta contención.

Uno de los recurrentes sostiene que una condena penal, por sí sola, no demuestra que una persona tenga vínculos con el crimen organizado ni justifica automáticamente su permanencia en ese tipo de establecimiento.

Dos recursos sin lugar y tres rechazados

No todas las gestiones han avanzado en la Sala Constitucional.

Dos expedientes fueron declarados sin lugar. Estos estaban relacionados con traslados al CACCO y supuestos riesgos para la vida y la integridad física de los privados de libertad.

Otros tres recursos fueron rechazados de plano. Entre ellos figuraban gestiones que buscaban impedir traslados o detener la entrada en funcionamiento del centro.

Uno de los reclamos planteaba posibles problemas por las altas temperaturas en los módulos, falta de privacidad en baños y duchas y riesgos por mantener en un mismo establecimiento a personas vinculadas con diferentes organizaciones criminales.

También se cuestionaron las restricciones para recibir visitas y realizar llamadas, las limitaciones a la atención médica y psicológica y la aparente ausencia de programas educativos y de reinserción social.

Otro de los recursos rechazados fue presentado por el fiscal general, Carlo Díaz, quien cuestionó la propuesta gubernamental de llevar estudiantes provenientes de los llamados «barrios peligrosos» a conocer las instalaciones del CACCO.

La Sala IV rechazó esa gestión por considerarla prematura, al determinar que todavía no existía un plan concreto sobre esa iniciativa.

Justicia y ministro Aguilar, entre las autoridades señaladas

En los expedientes presentados figuran como autoridades recurridas principalmente el Ministerio de Justicia y Paz y su jerarca, Gabriel Aguilar.

También aparecen Adaptación Social, el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), la presidenta de la República, Laura Fernández, y el Ministerio de la Presidencia.

Por ahora, 22 de las 27 gestiones continúan activas entre recursos admitidos y expedientes pendientes de análisis de admisibilidad.

La discusión judicial coloca bajo la lupa los procedimientos de seguridad, disciplina y control implementados en el nuevo centro penitenciario, así como los límites que deben respetarse para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.