San Carlos: investigaciones que muestran cómo opera el fenómeno
La Zona Norte no está al margen de esta problemática. En los últimos años se han conocido diferentes actuaciones policiales y judiciales que evidencian la presencia de esta modalidad de crédito informal.
Aguas Zarcas: detenido por amenazas
El 2 de octubre de 2025, agentes del OIJ de San Carlos detuvieron en Aguas Zarcas a un hombre de apellidos Rojas Gallo, sospechoso de amenazar a un vecino en circunstancias relacionadas con préstamos gota a gota.
El operativo contó con apoyo de la Policía Municipal y se realizó bajo dirección funcional del Ministerio Público.
El detenido quedó a las órdenes de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.
Ciudad Quesada: un ataque con granada relacionado aparentemente con una deuda
Otro episodio que evidencia el nivel de violencia que puede rodear estos conflictos ocurrió en febrero de 2025, cuando dos motociclistas lanzaron una granada de fragmentación contra un minisúper ubicado en barrio San Antonio de Ciudad Quesada.
De acuerdo con la investigación periodística, el establecimiento estaba relacionado con una recocida familia del lugar.
Dos jóvenes que atendían el comercio resultaron ilesas. Una mujer embarazada que se encontraba dentro de un vehículo estacionado frente al local tampoco sufrió lesiones, aunque requirió atención médica por una crisis nerviosa.
Una fuente vinculada con el caso explicó a al Diario La Nación que, después de varias diligencias, no se había logrado identificar a los responsables del ataque, pero que aparentemente el hecho estaría relacionado con un conflicto por un crédito gota a gota.
Este antecedente adquiere relevancia en el contexto de las investigaciones que ahora se conocen contra integrantes de esa familia. No obstante, debe aclararse que la relación señalada con el ataque no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad penal de las personas investigadas actualmente.
El caso de Retana: dos expedientes bajo investigación
La información publicada por La Nación este 9 de noviembre de 2026 señala que la Fiscalía de San Carlos investiga al empresario ganadero de apellido Retana, conocido como «Panamá».
Según la información atribuida al Ministerio Público, al empresario se le relaciona con dos expedientes:
- 26-001626-0306-PE: por presunta extorsión cobratoria.
- 26-000368-0306-PE: por presuntas amenazas agravadas.
La Nación también informó que dos hijos del empresario, figuran en diferentes investigaciones judiciales por presuntos delitos relacionados con amenazas y tentativas de homicidio.
En julio de 2024, el OIJ de San Carlos allanó la vivienda de los hermanos como parte de una investigación por tentativa de homicidio y amenazas agravadas. Durante ese procedimiento se decomisaron armas de fuego, cargadores y municiones.
El medio también documentó la existencia de otras causas judiciales abiertas contra ambos hermanos.
La publicación señala que las investigaciones contra el padre y sus hijos permanecen en trámite. La Fiscalía no ha establecido una responsabilidad penal definitiva.
El caso también tiene repercusiones políticas debido a la aparente participación de Retana en el financiamiento de la campaña presidencial de Laura Fernández.
El componente político: un bono de 1 millón para el PPSO
Según los registros de colocación de certificados de cesión de deuda política, el empresario adquirió el 19 de diciembre de 2025 un bono serie A, número 1462, por ?1 millón para el Partido Pueblo Soberano.
El 20 de febrero de 2026, CRHoy publicó que Retana no había presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el informe de solvencia económica que le había solicitado el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para documentar el origen de los recursos utilizados en esa operación.
Es importante separar ambos asuntos: el financiamiento electoral y las investigaciones penales son hechos distintos. La existencia de una investigación por presuntas extorsiones no demuestra que el dinero aportado a la campaña provenga de actividades ilícitas.
Sin embargo, el caso plantea preguntas de interés público sobre los controles de origen de los recursos que participan en el financiamiento de los partidos políticos.
La ley contempla penas de hasta 15 años de prisión
Costa Rica cuenta desde mayo de 2024 con la Ley 10.471, que incorporó al Código Penal el delito de extorsión cobratoria, mediante el artículo 214 bis.
La legislación establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes utilicen amenazas o intimidaciones, personalmente, por medio de terceros o mediante cualquier medio de comunicación, para obligar a un deudor o a sus familiares a pagar una obligación crediticia.
La pena puede aumentar de cinco a diez años cuando concurren circunstancias agravantes, como que las amenazas se dirijan a personas vulnerables, que participen dos o más personas, que existan agresiones físicas o psicológicas, o que se utilicen armas o se provoquen daños a la propiedad.
Cuando los hechos constituyen delincuencia organizada, la sanción puede alcanzar entre ocho y quince años de prisión.
La normativa busca combatir precisamente el mecanismo mediante el cual una deuda termina convirtiéndose en un instrumento de intimidación y violencia.
Una deuda que puede convertirse en una condena para las víctimas
El gota a gota no es simplemente un problema de endeudamiento. Cuando aparecen amenazas, intimidaciones y violencia para exigir el pago, se transforma en un problema de seguridad pública.
Las víctimas pueden terminar atrapadas en una espiral de intereses, nuevos préstamos y presiones que afectan su estabilidad económica, su tranquilidad familiar y hasta su integridad física.
San Carlos necesita conocer la verdadera dimensión de este negocio. Las autoridades judiciales deben investigar las estructuras que están detrás de los préstamos, identificar a quienes financian y ejecutan los cobros ilegales y garantizar protección a quienes se atrevan a denunciar.
La pregunta de fondo es cuánto dinero se mueve en este mercado informal en la Zona Norte y cuántas familias viven bajo amenazas por deudas que, en muchos casos, comenzaron como una aparente solución a sus problemas económicos.