Los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron en contra de una moción legislativa que pretendía reprochar al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por el trato a vecinos de Turrúcares que se oponen a un relleno sanitario de la empresa EBI y por condicionar inversiones públicas a la solución de un conflicto judicial.

La iniciativa fue rechazada este lunes con 31 votos en contra y 24 a favor. Toda la bancada oficialista respaldó el rechazo, mientras que las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) apoyaron la moción.

El pronunciamiento buscaba cuestionar la actuación de Chaves y de los jerarcas del Gobierno que participaron en una reunión con vecinos el pasado 4 de noviembre, en el Liceo de Turrúcares, donde se discutió el proyecto de relleno sanitario previsto en la finca Bajo Pita.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el condicionamiento de obras y recursos públicos a que la Municipalidad de Alajuela retire los procesos judiciales que mantiene contra permisos otorgados para desarrollar el proyecto impulsado por Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A.

La moción también pretendía dejar constancia del rechazo legislativo a utilizar inversiones públicas como herramienta de presión política, así como expresar solidaridad con los habitantes de Turrúcares, San Miguel, Cebadilla y Siquiares.

Además, planteaba defender el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afectan sus territorios y exigir que las inversiones estatales respondan a criterios de interés público, planificación y necesidades ciudadanas, sin condicionamientos políticos.

Chaves frenó gestiones para construir un CTP

Durante el encuentro con los vecinos, el Gobierno puso sobre la mesa una serie de posibles inversiones, entre ellas intervenciones en carreteras y puentes, la construcción de un colegio técnico profesional, servicios de atención infantil y centros para personas adultas mayores.

Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves advirtió que las gestiones no avanzarían mientras la Municipalidad de Alajuela mantuviera las acciones judiciales contra el proyecto de EBI.

La advertencia quedó en evidencia cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, anunció que enviaría funcionarios para valorar la adquisición de un terreno destinado al colegio técnico.

Chaves intervino y le ordenó detener esa gestión hasta que el gobierno local resolviera el conflicto.

«No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer», manifestó el mandatario.

El jerarca agregó que no tenía sentido enviar equipos para realizar evaluaciones, diseñar obras o iniciar trámites si posteriormente la Municipalidad mantenía su oposición al proyecto.

Un conflicto que involucra un arbitraje internacional

Chaves también vinculó su ofrecimiento de inversiones con un plazo limitado y con el desembolso de recursos para contratar la defensa de Costa Rica en un arbitraje internacional promovido por la empresa canadiense Berthier EBI.

El Gobierno sostiene que el retiro de los procesos judiciales municipales permitiría negociar una salida al conflicto internacional, en el cual la empresa reclama por actuaciones estatales que considera perjudiciales para sus inversiones.

No obstante, el proyecto de relleno sanitario enfrenta resistencia de sectores comunales desde hace más de una década.

La Municipalidad de Alajuela mantiene procesos judiciales de lesividad relacionados con certificados de uso de suelo otorgados en 2011, con el objetivo de que los tribunales determinen si esas autorizaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico.

Con el rechazo de la moción, el Congreso dejó sin respaldo mayoritario el reproche político que se pretendía formular contra la actuación del Gobierno en Turrúcares. La controversia, sin embargo, sigue abierta: enfrenta el interés empresarial por desarrollar el relleno sanitario, la oposición de los vecinos y el papel que deben desempeñar las instituciones públicas en medio de un conflicto judicial.