San José, Costa Rica. — El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó financiar con recursos de la deuda política el alquiler de dos vehículos de alta gama utilizados por altos dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), tras calificar los contratos como «desmedidos» y sin justificación partidaria, según informó el medio digital CRHoy.
La resolución del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos desestimó seis facturas que suman ?6,4 millones, las cuales forman parte de un paquete de gastos por ?62 millones cuyo reembolso fue denegado a la agrupación política.
Los automotores cuestionados corresponden a un BMW X1 2026, asignado para el uso discrecional de la diputada y presidenta del partido, Mayuli Ortega Guzmán, y un Toyota Prado 2026, utilizado por el tesorero suplente de la agrupación, Raúl Zamora.
Gastos sin respaldo ni proporcionalidad
De acuerdo con el informe técnico del órgano electoral, el PPSO no logró demostrar la necesidad real, el propósito partidario ni la proporcionalidad de alquilar dos vehículos nuevos de lujo. Asimismo, el Tribunal señaló la ausencia total de bitácoras, registros de kilometraje, detalles de recorridos o reportes que permitieran comprobar el uso efectivo de los carros en labores propias de la organización.
En su análisis, el TSE advirtió que, aunque los partidos políticos no son entidades públicas, sí deben regirse por parámetros objetivos al solicitar fondos estatales. El ente subrayó que si la legislación limita el uso discrecional de vehículos oficiales a las más altas autoridades del Estado, no resulta razonable sufragar un beneficio similar para dirigentes partidarios sin una justificación clara y de peso.
Un alquiler más caro que comprarlos
Uno de los puntos más críticos del informe apunta al impacto financiero de los contratos. El órgano electoral calificó el costo de los arrendamientos como «exorbitante», detallando que, al finalizar el plazo de cuatro años, el Estado habría desembolsado $105.439 por encima del valor comercial conjunto de ambos automotores —estimado en $130.000—, sin que el partido siquiera adquiera la propiedad de los bienes al término del contrato.
Además, el Departamento de Financiamiento indicó que la agrupación contaba con alternativas mucho más económicas y acordes con la austeridad en el uso de recursos públicos, tales como alquilar vehículos de gama media o recurrir a servicios de transporte por demanda.
El informe del TSE ocurre de manera paralela a una denuncia interpuesta previamente por el partido Frente Amplio, en la que se solicitó investigar el posible uso de fondos públicos para costear transporte de uso discrecional para la dirigencia del PPSO.
La resolución emitida por el departamento técnico aún no está en firme y puede ser apelada por el Partido Pueblo Soberano ante los magistrados del Tribunal.