- Se definieron cuatro ejes estratégicos: autodeterminación identitaria y cultural, participación activa en la esfera de lo social y ambiental; autonomía económica en ecosistemas urbanos y rurales; y protagonismo organizativo y político
En el marco de su segunda sesión extraordinaria del periodo 2019-2020, la Asamblea Nacional de la Persona Joven (ANPJ) aprobó la Política Pública de la Persona Joven para el periodo 2020-2024, el principal instrumento de las juventudes de 12-35 años para garantizar sus derechos y deberes en Costa Rica.
La actividad se llevó acabo este sábado 23 de noviembre, en el centro de San José, donde participó la Viceministra de Juventud, Margareth Solano Sánchez, el director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, Diego Zúñiga; Evelyn Vásquez, presidenta de la ANPJ; Esteban Valverde, secretario de la ANPJ y más de 50 asambleístas.
Ejes estratégicos de la política
La política define cuatro ejes estratégicos: autodeterminación identitaria y cultural, desde la diversidad; participación activa en la esfera de lo social y ambiental; autonomía económica en ecosistemas urbanos y rurales; y protagonismo organizativo y político.
El proceso de construcción de este instrumento inició en 2017, cuando la ANPJ, el Consejo de la Persona Joven y el Viceministerio de Juventud definieron la metodología del proceso de consulta, el cual tuvo lugar durante 2018 y se caracterizó por ser un proceso amplio, participativo y diverso.
Se realizaron 44 talleres en todo el territorio nacional, destacándose la aplicación del mecanismo general de consulta indígena, así como el desarrollo de talleres específicos para las juventudes rurales, la consulta con grupos específicos (personas jóvenes con discapacidad, población migrante y refugiada, población LGTBIQ+, juventudes afrodescendientes y personas privadas de libertad), para una participación total de 2.240 personas jóvenes de todo el país.
El compromiso de la administración Alvarado Quesada se orienta al empoderamiento de las juventudes para con ellas construir políticas públicas, utilizando los datos como herramienta para la toma de decisiones”, señaló la Viceministra de Juventud, Margareth Solano Sánchez.
Agregó que “con esta política nos colocamos a la vanguardia en Iberoamérica, reconociendo los desafíos y particularidades de tres grupos etarios (entre los 12-17 años, 18-24 años y los 25-35 años). En resumen, una política que refleja el sentir y necesidades de las juventudes, gracias a un proceso de consulta amplio e inédito”.
Diego Zúñiga, Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven mencionó que “esta política pública nace desde las juventudes, desde sus territorios, por ellos hemos escogido el lema Desde las Voces Diversas a los esfuerzo conjuntos.”.
Evelyn Vásquez, presidenta de la ANPJ, manifestó que “nos sentimos orgullosos de poder contribuir en la aprobación de la Política Pública de Juventudes que regirá del 2020-2024, siendo este un esfuerzo conjunto entre el CPJ y la ANPJ, reflejando una vez más nuestro interés en trabajar en beneficio de las juventudes”.
Asimismo, Esteban Valverde, secretario de la ANPJ afirmó que “¡Hoy más que nunca, Costa Rica necesita de las juventudes! ¡Y todo el país nos debe escuchar! La ANPJ da un paso en la dirección correcta en la promoción y protección de los derechos de las personas jóvenes”.
Según lo establece la Ley General de la Persona Joven (n° 8621), la aprobación de este instrumento le corresponde a la ANPJ, la cual es un órgano conformado por diversas instancias de representación de personas jóvenes, tales como colegios públicos y privados, asociaciones de desarrollo comunal, comités cantonales de la persona joven, universidades públicas y privadas, instituciones para universitarias, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y demás organizaciones de la sociedad civil.
Posterior a esta aprobación, corresponde incorporar las observaciones de la ANPJ, para luego proceder con la oficialización de la política a través de un decreto ejecutivo.
La inversión total para esta consulta por parte del CPJ fue de ?20 millones, además de un apoyo aproximado de ?18 millones por parte de instituciones públicas y cooperantes internacionales, principalmente, para el proceso de consulta con la población indígena y rural.
Las instituciones participantes del proceso son el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), las Asociaciones de Desarrollo Integral de diversos territorios indígenas, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), organizaciones de sociedad civil, UNICEF, UNFPA, municipalidades, Centros Cívicos por la Paz y Ministerio de Justicia y Paz.
