El diputado sancareleño Ramón Carranza, insiste que se debe eliminar el cobro de timbres que cobran a los ciudadanos algunos colegios profesionales.
“En la sesión de la Comisión de Económicos de ayer martes 4 de febrero, confronté a los representantes del Colegio de Abogados, pues el timbre que tenemos que pagar las y los costarricenses cuando realizamos trámites con un abogado no tiene justificación alguna para seguir existiendo.
Se creó para financiar un sistema de jubilaciones y pensiones, complemente injusto, pues el resto de trabajadores sí debemos cotizar para nuestra pensión. Lo peor de todo es que este Colegio nunca desarrolló ese fondo de pensiones y jubilaciones y hoy enfrenta procesos judiciales por incumplir su mandato legal”, expresó Carrranza.
El diputado dijo que luchan para eliminar este y otros timbres de colegios profesionales que no se justifican y que no se vale que tengamos que estar pagando.
Cabe recordar que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y su diputado Ramón Carranza, presentó en junio del año pasado un proyecto de ley mediante el que intentará eliminar la venta de timbres en colegios profesionales, los cuales actualmente se requieren para trámites que van desde procesos judiciales hasta la certificación de planos constructivos.
En la actualidad 29 colegios profesionales en el país siguen ofertando estos servicios, motivo por el que los oficialistas argumentan que estos ingresos no deberían ser indispensables para su funcionamiento.
Reciben millones y el pueblo no los ve
Los ocho colegios que siguen vendiendo timbres son los de Abogados, Médicos y Cirujanos, Contadores Públicos, Contadores Privados, Ingenieros y Arquitectos, Psicólogos, Periodistas y Dentistas, por los cuales en total han recibido más de ¢45.000 millones en los últimos diez años, según cálculos oficialistas.
Los proponentes de este proyecto explican que eliminar esas cargas permitiría devolver ese dinero a las personas, en momentos de dificultades fiscal para el país; en tanto que se disminuyen costos y se reducen privilegios en las entidades.
«Partimos de la realidad país de que Costa Rica tiene 29 colegios profesionales, de los cuales solo ocho tienen o disfrutan de timbres y también de que son entes privados, cuyo fin principal es la fiscalización y la defensa de los agremiados», explicó el diputado Luis Ramón Carranza.
Los oficialistas argumentaron que 21 de los 29 colegios profesionales del país sobreviven sin esas cargas, cuyo costo calcularon en ¢45.000 millones durante los últimos diez años.
