La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería revisar las acciones emprendidas ante tres denuncias que presentó la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) entre el 2018 y 2019 ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) relacionado con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica en casos puntuales en la zona de San Carlos.
Se trata de dos denuncias administrativas que presentó dicha Cámara por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra denuncia en contra de dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas.
La Defensoría realizó un informe sobre las denuncias de Canagro respecto a las declaratorias de confidencialidad de la información sobre la conformación de los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios; las responsabilidades de las agencias certificadoras y la Administración Pública, así como de la competencia del SFE en la exportación a países sin convenio de equivalencia.
A pesar que el MAG indica que los casos fueron investigados y que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico que motivó el cierre de esos casos, la Defensoría insiste en la necesidad de que se reconsidere lo actuado y proceda a valorar la recomendación emitida por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público en 2018 – expediente 20.702- mediante el cual se recomendó al entonces Ministro del Ramo evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y actuaciones que han sido cuestionadas como de dudosa validez, para, si resulta procedente, iniciar las acciones correctivas en aras de enderezar todos los procedimientos que resulten afectados por esos vicios detectados, y asiente además las responsabilidades disciplinarias que en cada caso correspondan.
En cuanto a la confidencialidad de la información en poder del SFE y de las agencias certificadoras, la Defensoría advierte sobre la necesidad de considerar la integralidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional y la obligatoriedad de tener presente el principio constitucional de transparencia, cuando se declara una información específica de carácter confidencial, lo cual resulta posible y válido únicamente por medio de una ley.
Sobre los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios a la Defensoría le consta que los expedientes aportados por el SFE no se ajustan a las normas archivísticas. En cuanto a los procesos administrativos disciplinarios, existe preocupación en cuanto a que, a pesar de la gravedad de la situación denunciada, al final no hubo un solo responsable y existe la posibilidad de que, a pesar de las denuncias presentadas, los hallazgos del trabajo de campo, las posibles irregularidades, las debilidades en el ejercicio de la fiscalización y la aceptación de las autoridades de que habían aspectos a los cuales había que poner atención, este asunto pase a engrosar las estadísticas sobre impunidad en el funcionamiento del Estado.
En cuanto a la visión alrededor de las responsabilidades de los diferentes actores, tanto públicos como privados, se detectaron serias diferencias sobre los eventos acontecidos en alrededor de la producción, comercialización y exportación de la piña orgánica en los tres casos denunciados.
Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes señalo que: “Las nuevas actividades productivas que se desarrollan en Costa Rica de cara a la exportación de productos orgánicos, requieren de la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar, al habitante y consumidor final, su producción en apego a las normas técnicas que protegen el ambiente”.
