Los señores empresarios sancarleños Alexander Campos Cordero y Oscar Campos Zamora, acusado por presunto peculado, en contra de la Municipalidad de San Carlos, ofrecen al municipio pagarle ¢10 millones, cada uno, y en tractos, para evitar ir a juicio. Esto pese a percibieron ¢108 millones, al parecer irregular, en concesiones por acarreo de material en años anteriores al 2010.
Luego de buscar negociar con el municipio sancarleño para evitar ir a juicio los imputados Alexander Campos y Oscar Campos, por medio de sus abogados, buscan resarcir el daño por presunto peculado ,cuando antes del 2010 recibieron del municipio sancarleño aproximadamente ¢108 millones en concesiones, al parecer de forma irregular, ya habrían sido favorecidos por la hija de uno de estos, que trabajaba de coordinadora del Departamento de Proveeduría Municipal.
Pero según consta en el acta 19 del año 2015, dicho señores ofrecieron en esa ocasión ¢30 millones para resarcir daño, Para ese entonces, los regidores del concejo no quisieron negociar y más bien el municipio, pero el Concejo Municipal, recomendó al alcalde Alfredo Córdoba querellar los imputados, de igual forma lo hizo la Contraloría General de República (ver nota de acuerdo del Concejo municipal del 2015)
Con base a las querella promovida por la Municipalid de San Carlos dentro de la causa penal l0-00032-0621-PE, los imputados de apellidos campos pidieron la semana pasada al municipio una medida alterna que sería. como se describe en la siguiente foto.
Dicha propuesta es analizada en la Comisión de Jurídicos Municipal y deberá ser votada por los regidores sancarleños, en los próximos días, para determinar si se acoge o no.
Cabe resaltar que sólo dos empresarios buscan negociar con el municipio pero en la denuncia original, también figuran como imputados los también empresarios, Oscar Campos Cordero y Donald Cruz Araya.
El juicio inicio en su proceso de debate el pasado 03 de mayo pero se suspendió por falta de espacio y debido a la pandemia, pero señalará una nueva fecha en los próximos días.
Dicho juicio es en perjuicio de los deberes de la función pública, (expediente #10-000032-0621) contra los exfuncionarios de la Municipalidad de San Carlos, de apellido Campos Zamora (ex-coordinadora de proveedora) Hernández Vásquez (ex-ingeniero municipal) y Rojas, funcionario de proveeduría, quien actualmente labora para el municipio.
También figuran como acusados Oscar Campos Cordero, dueño de Excavaciones Campos Zamora S.A, Alexander Campos Cordero y el hijo de Oscar, Oscar Campos Zamora y el señor Donald Cruz Araya, por el mismo delito. dichos presunto implicados solicitaron el pasado 07 de mayo una conciliación y pago del daño, según consta en propuesta leída ayer en el Concejo Municipal por la secretaria del Concejo.
Ex funcionario municipales habrían beneficiado a familiares
Las denuncia por peculado en contra de los empresarios y exfuncionarios municipales llegó a la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción por el delito de peculado, el 26 de marzo del 2015.
Los hechos se remontan antes del año 2010 cuando la Municipalidad de San Carlos adjudicó contratos para la extracción y acarreo de materiales por más de 108 millones de colones a familiares de la coordinadora de la proveeduría, la señorita Jennifer Campos Zamora.
De acuerdo con una denuncia presentada en ese entonces por los ex-regidores Carlos Corella y Marcela Céspedes ante la Contraloría General de la República el 29 de abril del 2010. La ex-funcionaria y su novio en ese entonces, el ingeniero municipal Hérnandeaz, al parecer habrían beneficiado de esta forma a la familia Campos con al menos 17 licitaciones de acarreo de material, del 2008 al 2010, en donde el padre o los hijos de Campos siempre ganaban las licitaciones.
En esa ocasión Excavaciones Campos Zamora habrían utilizado una empresa ajena “Transportes Cruzco S.A” para evadir sospechas sobre los beneficios con contratos millonarios al padre de la funcionaria municipal de ese entonces, Jennifer Campos.
Cabe señalar que Transportes Cruzco según se se identificó no tenía maquinaria a su nombre, lo único que se pudo corroborar era que tenía un camión marca Isuzu Dimas. Tampoco tenía permiso de hacer subcontrataciones, pero lo hizo.
Cabe señalar que “Transportes Cruzco S.A” fue la empresa que ganó las licitaciones, pero fue Excavaciones Campos las que ejecutó todas la obras.
Con el actuar de dichos funcionarios se habría violentado la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” que prohíbe la participación de oferente a familiares de empleados públicos con poder decisión. También se habría violentado la Ley de Anticorrupción que castiga con hasta 8 años de cárcel, al funcionario que beneficie a familiares por estos hechos.
Por estos hechos el 20 de abril del 2015 la Municipalidad presentó una querella contra el proceder penal por los delitos de Acción Pública.
Que devuelvan el total de lo sustraído. No importa, se les reciben propiedades como parte de pago.