La Sala Constitucional concluyo que las autoridades del Hospital San Vicente de Paúl de Heredia actuaron conforme al derecho y en defensa del principio del interés superior de la persona menor de edad al vacunar contra la COVID-19 a un niño ingresado en el hospital, pese a que sus padres se oponían a que fuera vacunas.

La sentencia N° 2022-003754 dictada este martes 15 de febrero, que resolvió un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del menor de edad y sus padres, quienes, además, alegaron que el centro médico retenía al infante contra su voluntad.  

La Sala destacó que, conforme al principio citado, por un lado, el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia impone a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la obligación de vacunar a los niños contra las enfermedades que las autoridades de salud determinen, y, por otro, el artículo 144 del Código de Familia, que autoriza la intervención médica aun contra el criterio de los progenitores, en caso de tratamientos decisivos e indispensables para resguardar la vida o la salud de sus hijos.

“En el ordenamiento jurídico costarricense se reconoce plenamente la vigencia del principio de interés superior de la persona menor de edad, con base en el cual debe desarrollarse toda actividad en torno al ejercicio y respeto de los derechos de la persona menor de edad. La Sala Constitucional ha dado profusa aplicación a este principio, tanto al reconocer su impacto en toda la normativa vigente, como instando y definiendo su aplicación en asuntos concretos”, manifestó el magistrado instructor del expediente, Jorge Araya García.

Asimismo la Sala descartó la indebida retención de la persona menor de edad, ya que su estancia hospitalaria e inoculación se establecieron con base en el criterio médico, dada la situación de salud del niño y los factores de riesgo asociados. También, estableció que las medidas se tomaron siguiendo los protocolos previamente definidos para la atención de este tipo de situaciones, en donde también se consideraron los criterios técnicos del Ministerio de Salud y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Lo anterior se da luego que el miércoles 26 de enero, cuando un grupo antivacunas ingresó a la fuerza al hospital en apoyo a los padres del menor, bajo el pretexto que el menor había sido retenido en el hospital contra su voluntad.

Luego del ingreso de la policía se detuvo a siete personas, que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares, y que son investigadas por actos de violencia.